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PP, Vox y Cs piden a la presidenta del Congreso que aplace el pleno hasta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, cuya decisión sobre el procedimiento legislativo seguido por la reforma del Código Penal esperará al menos hasta el lunes

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha rechazado las peticiones que el PP, Vox y Cs han formulado este jueves, en el hemiciclo de la Cámara, para suspender el pleno extraordinario convocado para modificar los delitos de la sedición, la malversación, y además, cambiar las leyes del poder judicial y del Tribunal Constitucional. «Al Congreso de los Diputados no se la comunicado formalmente ningún recurso o resolución tomada» por el órgano de garantías constitucionales. En consecuencia, ha dicho la diputada socialista que ejerce la tercera autoridad del Estado, «no hay razón ni obstáculo para no continuar procedimiento legislativo».

Batet ha respondido así a las solicitudes que sucesivamente han planteado el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros; la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas; y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Los tres han destacado las anomalías que, según sus criterios, han caracterizado el trámite. No sólo la velocidad del procedimiento ha motivado las protestas de estos tres partidos, sino, sobre todo, la inclusión de dos enmiendas que nada tienen que ver con el Código Penal: tienen que ver con los modelos de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, que en una de sus cuotas no se renueva desde hace medio año.

Sobre ello la Mesa ha recibido dos escritos de reconsideración, uno del PP y otra de Cs. Han dicho las portavoces de ambas formaciones que no se ha decidido nada al respecto, lo que debería provocar un retraso del pleno. Pero, sobre todo, lo que debe llevar al aplazamiento del pleno no es eso, sino el compás de espera en el que al respecto ha entrado el Constitucional.

Batet ha informado a los diputados que esas reconsideraciones se han debatido ya en los órganos parlamentarios preceptivos, es decir, en la Junta de Portavoces, que es el que fijar los órdenes del día de los plenos, es decir, los contenidos. El pasado martes, los grupos discutieron y la mayoría resolvió que el pleno de este jueves, pleno sobrevenido, debía celebrarse. Además, como ha recordado Batet, «en ningún caso las reconsideraciones tienen carácter suspensivo» de los cursos parlamentarios.

La presidenta, acto seguido, ha hecho una defensa de «la potestad legislativa y de la autonomía» del Parlamento. Este pleno responde «a una democracia deliberativa». «Vamos a continuar con el pleno reglamentariamente convocado y seguir con el orden del día previsto».

Tras ello, la bancada de Vox ha abandonado el hemiciclo, no así la del PP. Tampoco los diputados de Cs se han ido. De hecho, Arrimadas ha sido la que ha intervenido en primer lugar.

En su alocución, desde el escaño, Espinosa de los Monteros ha exigido la aplicación de «medidas cautelarísimas» para que no tuviera lugar el pleno. Gamarra ha destacado que los derechos de los diputados, con el trámite, han sido lesionados. Arrimadas ha comparado la situación con la Cataluña de 2017, y esto ha dicho a Batet: «Le digo lo mismo que le dije a -Carme- Forcadell en 2017: no permita esto».



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