24/12/2022 a las 09:03

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El artículo 56 de la Constitución establece que el Jefe del Estado «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones» y desde algunos ámbitos políticos y mediáticos se sugiere su intervención, algo que los expertos no ven factible

El choque institucional a raíz de la decisión inédita adoptada el pasado lunes por el Tribunal Constitucional, unido a la situación difícil de justificar de bloqueo en las renovaciones de este órgano y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han propiciado que desde diferentes ámbitos políticos y mediáticos se sugiera la intervención del jefe del Estado en relación con las atribuciones que le concede la Carta Magna.El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, se ha puesto en contacto con varios juristas para preguntarles qué consideran al respecto y las respuestas coinciden en subrayar que la labor de arbitraje que se expresa en el artículo 56 de la Constitución no debe ser traducida en ningún caso como un deber de intervención del monarca en asuntos políticos. 

Otra cosa, coinciden los expertos, es que la especial situación de choque institucional que se da ahora en nuestro país lleve al Rey a realizar algún llamamiento específico aprovechando el discurso de Nochebuena con el que se dirigirá esta noche a todos los españoles.

El artículo mencionado por quienes se refieren estos días al papel de Felipe VI es el 56.1 de la Constitución, que dice textualmente que el Rey «es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia» y añade que «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes«.

Es precisamente la referencia a sus funciones de arbitraje y moderación del funcionamiento de las instituciones la que abre el debate jurídico, aunque la práctica totalidad de expertos consultados coinciden en que la figura del Rey debe permanecer al margen del juego político, pues ello es precisamente lo que le permite ser «símbolo de la unidad del Estado».  Otros consultados se expresan de modo más tajante: «el Rey ni puede ni debe hacer o decir nada de nada».

Reina, pero no gobierna

«El Rey reina, pero no gobierna», señalan fuentes jurídicas consultadas, que no ven factible que intervenga en un conflicto político como el suscitado por el bloqueo en la renovación de órganos constitucionales y el último choque propiciado por el recurso del PP que ha permitido que, por primera vez, una decisión del Tribunal Constitucional afecte a una tramitación parlamentaria en las Cortes Generales.

Por su parte, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de la Laguna (Tenerife) Gerardo Pérez Sánchez, señala a este diario que no considera factible, ni tampoco aconsejable, que se plantee una intervención del Rey en esta crisis institucional.

«La labor de moderación a la que hace referencia la Constitución es más bien simbólica, como otras de sus funciones, y se encuadra dentro del funcionamiento normal de las instituciones», apunta. 

En relación con la decisión concreta del Tribunal Constitucional del pasado lunes, ratificada dos días después al rechazarse la impugnación de la misma que hizo el Senado, el profesor subraya que, «en un Estado de Derecho, lo que procede es cumplir con la resolución, sin que pueda el Rey moderar o intervenir de ninguna manera en su cumplimiento».

Con respecto a la situación de bloqueo en la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, considera que «el problema no está tanto en el funcionamiento de las instituciones como en el acuerdo entre partidos políticos«.

Labor prudente y discreta

Para el constitucionalista Germán Teruel, de la Universidad de Murcia, el ejercicio de la función genérica que la Carta Magna concede al jefe del Estado, con el fin de preservar el buen funcionamiento de las instituciones, requiere un proceder prudente, «y en dicha prudencia está la discreción». 

En este punto, el profesor destaca la diferencia entre la monarquía parlamentaria española y otros sistemas como una república cuyo presidente ha sido legitimado democráticamente en las urnas. «Un presidente de la república italiana, por ejemplo, podría en cualquier momento dar un golpe encima de la mesa, dar un discurso público muy potente y llamar a capítulo a los afectados, pero eso no sería adecuado en el caso del Rey», afirma.

Respecto lo que sí puede hacer, considera este experto que, de manera privada en las consultas que mantiene con altos representantes del Estado, no es descartable que Felipe VI esté haciendo valer su ‘auctoritas’ sobre los implicados «haciendo una llamada a la serenidad y a que reconduzcan el comportamiento nocivo para el buen funcionamiento institucional». Es algo que, en todo caso, «ni sabremos ni debemos saber», a juicio de Teruel. 

Luego, aprovechando que tiene un mensaje público por Navidad, es previsible que el monarca mande un mensaje a la nación en el que «con contundencia, pero de manera general invite a salir de esta espiral» en la que nos encontramos, añade.

El precedente de este planteamiento lo sitúan varios de los consultados en el discurso del 3 de octubre de 2017 en el que Felipe VI, en pleno desarrollo del ‘procés‘ independentista, se dirigió a los españoles por primera vez al margen de su alocución anula por Navidad para señalar que determinadas autoridades de Cataluña venían incumpliendo la Constitución y el Estatuto autonómico, un comportamiento que calificó de «deslealtad inadmisible» y «conducta irresponsable». La intervención tuvo firmes defensores y también muchos detractores, pero no es previsible que se vuelva a repetir en la situación actual, según todos parecen coincidir.



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