El Barcelona ha sido acusado de soborno por sus pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, en el llamado caso Negreira, según informó El Debate.
Afirman que el Barcelona ha sido acusado formalmente de cohecho por la fiscalía, algo que ha sido admitido por el juez Joaquín Aguirre. Los cargos no sólo recaen sobre Negreira y Barcelona, sino también sobre los ex presidentes de Barcelona Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, así como sobre Javier Enríquez Romero (hijo de Negreira).
🚨 Barcelona ha sido imputado por un presunto delito de cohecho en el Caso Negreira. Así lo ha dictaminado el juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, al considerar que los pagos a Negreira y su equipo a lo largo de los años constituyen un delito.…
— Barcacentre (@barcacentre) 28 de septiembre de 2023
Si bien el cargo de “corrupción sistémica” aún no se ha probado, el cargo de soborno puede justificarse, según el juez. El cargo alega que Barcelona pagó a Negreira por su papel en una organización pública, lo que constituye soborno según la ley española.
La RFEF es una organización privada en la que el Gobierno no tiene influencia directa sobre ella, pero según Aguirre cumple los criterios de una organización pública en tres aspectos; fue creado por interés general, tiene responsabilidad legal propia y está bajo la supervisión del Ministerio de Cultura y Deportes. Negreira constituiría así un funcionario público. Lo anterior respaldado por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que establece que será considerado funcionario público cualquier persona que sea designada por una autoridad competente para un cargo para desempeñar funciones públicas.
El informe continúa diciendo que, independientemente de si luego se devolvieron favores arbitrales por esos pagos, pagar a un funcionario público por el desempeño de sus funciones se considera soborno. Se presume que Aguirre no considera genuinos los servicios de consultoría arbitral brindados por Negreira.
Aguirre también señala la carta enviada en 2018 al entonces presidente del Barcelona, Bartomeu, desde Negreira, tras su salida de la CTA, de que si los pagos se detuvieran, “podría perjudicar gravemente al club”. En el escrito del juez, “de ello se desprende que Enríquez Negreira tenía conocimiento de que se habían producido hechos ilícitos de significativa gravedad a favor del Barça”.
Alivio informa que el fiscal debe probar que Enríquez Negreira tomó una decisión injusta como consecuencia de los pagos para condenar a los acusados, pagos que aún no han sido justificados. Aún no está claro qué decisiones se consideran injustas.
El Barcelona y el actual presidente Joan Laporta han negado hasta ahora todas las acusaciones de corrupción sistémica y afirmaron que son parte de una campaña para menospreciar al club. Parece que los blaugrana tendrán que defender esta posición ante los tribunales.
El jueves por la mañana, la policía se presentó en la sede de la RFEF, donde se encuentra la sede del CTA, con el fin de buscar documentación relacionada con el periodo.
Imagen vía LLUIS GENE / AFP
