Los precios vuelven a repuntar en septiembre, lo hacen por tercer mes consecutivo y, sobre todo, se incrementan por las dos variables que más habían influido en la disparada inflación desde que comenzó la guerra en Ucrania: el coste de la electricidad y de los combustibles. Otra vez la luz y las gasolinas hacen temblar el bolsillo de los ciudadanos y elevan el nivel del IPC hasta el 3,5% en septiembre, según el dato adelantado por el INE.
La inflación sube un peldaño en buena medida como estaba previsto al compararse con los niveles del año pasado. Por esta época, los precios comenzaban a contenerse tras las medidas incluidas en varios paquetes de ayudas públicas. Ahora estaba previsto que los precios subieran en su tasa interanual aunque lo han hecho a un ritmo de casi un punto porcentual en en un solo mes desde el 2,6% en el que cerró en agosto; el 2,3% de julio; o el 1,9% de junio, una especie de espejismo precisamente por ese efecto comparación con el año pasado.
El principal causante de esta situación son los precios de la electricidad. Septiembre está a punto de cerrar con un coste medio de la luz en el mercado de generación que supera ampliamente los 100 euros/MWh. Lo ha hecho silenciosamente, poco a poco, por la falta de lluvias que puedan activar las hidroeléctricas y por la necesidad de tirar de las centrales de ciclo combinado de gas, una materia prima que también se está incrementando en estas últimas semanas.
El otro componente que afecta de forma determinante a los precios son los combustibles. El precio medio de los carburantes ha proseguido su escalada y ha encadenado su undécima semana consecutiva de subidas, con lo que acumula un encarecimiento de hasta el 16% desde el arranque del verano. En concreto, la gasolina se ha encarecido hasta los 1,751 euros por litro, su valor máximo en lo que va de 2023 y el más alto desde finales de noviembre, aunque entonces estaba vigente la subvención de 20 céntimos por litro implantada por el Gobierno por la crisis por la guerra en Ucrania que ayudaba a aliviar ese importe. Por su parte, el precio medio del diésel también encadena once semanas consecutivas de subidas para alcanzar los 1,668 euros el litro, un nivel que no marcaba desde principios febrero, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.
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En el caso de la inflación subyacente, la que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados, y que marca el día a día de las compras de los ciudadanos, ha moderado su tasa tres décimas hasta el 5,8%. Para el Gobierno, este dato muestra «la menor tasa desde junio del año pasado» y anticipa una moderación de los precios en los próximos meses.
Presión hasta el 31 de diciembre
El Gobierno se ha topado de lleno con un enemigo inesperado que podría complicar, y mucho, la decisión sobre la prórroga del último plan anticrisis que, entre otras, contiene medidas como la rebaja del IVA a los alimentos y la de los impuestos de la factura eléctrica de los consumidores. Aunque sobre la mesa del Ejecutivo estaba la posibilidad de eliminar o modificar algunas de las ayudas que vencen el próximo 31 de diciembre, el reciente repunte del precio de algunas materias primas como el petróleo o el gas natural han puesto en jaque la justificación para esa retirada.
El Gobierno ya ha dejado claro que la prórroga aún no está definida y que el plan presupuestario -del que también depende la subvención de la tarifa de último recurso del gas natural (TUR)- aún está en proceso de formulación. Así que todo dependerá de cómo evolucionen esos factores externos que pueden complicar aún más el día a día de los hogares españoles.
La propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha indicado recientemente que «vamos a seguir en la misma línea que hasta ahora, tomando las decisiones adecuadas para amortiguar el impacto de la crisis de inflación». Eso sí, dejó claro que siempre se actuará «pensando en una política fiscal responsable y en el mejor uso de los recursos públicos».
El gobernador Pablo Hernández de Cos, también ha insistido recientemente en que los gobiernos de la zona euro «deben dar marcha atrás en sus medidas de apoyo». Algo que consideró «esencial» para evitar presiones adicionales sobre los precios «que de otro modo requerirían una respuesta de política monetaria aún más fuerte». Es decir, o las economías aceleran el ajuste del déficit mediante políticas fiscales más restrictivas -eliminando las ayudas, por ejemplo- o los tipos de interés seguirán altos o incluso subiendo para controlar la inflación.
