La unidad de control del padrón (UCP) puesta en marcha por el ayuntamiento en junio para luchar contra el fraude y la infravivienda ha realizado desde entonces casi 40 inspecciones en viviendas sospechosas de irregularidades al tener empadronadas a ocho o más personas sin relación familiar.
Durante el mes de septiembre la Policía Local ha llevado a cabo siete de esas inspecciones, ha dicho la concejala Belén Pérez, que ha indicado que como consecuencia de esas inspecciones se han generado nueve bajas de oficio en el padrón por irregularidades.
Las infracciones más comunes tienen que ver con viviendas sospechosas por obras y cambios de uso realizados; personas que están residiendo en un domicilio en el que no se encuentran empadronadas y, por último, personas empadronadas pero que no residen en esa casa.
En esos casos para la regularización se citará al titular del contrato y a los empadronados para que comparezcan en un plazo de diez días y en el caso de reincidencia se enfrentará a multas que oscilan entre los 750 y los 3.000 euros en función de la gravedad de las infracciones.
El 20 por ciento de los avisos por sospecha de infracción se ha llevado a cabo por parte de vecinos y particulares, que se han dirigido a los servicios municipales
