La consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí se ha referido este martes al proyecto de instalación de la planta de pirólisis en El Musel y ha defendido la gestión del Ejecuticvo al respecto. Roqueñí ha querido dejar claro este martes que el Gobierno asturiano “no ha autorizado ningún proyecto ilegal, no ha promovido inversiones ilegales, y desde luego Gijón no es la ciudad más contaminada de Europa”.
Roqueñí respondía así a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé (Podemos), que ha preguntado si tiene previsto depurar responsabilidades el Consejo de Gobierno, “que ha dejado avanzar la instalación de la planta de pirólisis del puerto de El Musel sabiendo que era ilegal desde el primer momento al no cumplir con el Plan Estratégico de Residuos y que promovió desde el IDEPA su llegada con la búsqueda de inversiones ilegales y que aumentan la contaminación en Gijón, una de las ciudades más contaminadas de Europa”.
La consejera ha insistido en que ese proyecto, igual que como cualquier otro de los que se implanten en nuestra comunidad autónoma habrá de llevarse a cabo con las mayores garantías medioambientales, para lo cual resultan imprescindibles los pronunciamientos de la autoridad ambiental a partir de las conclusiones a las que se lleguen en sendos procedimientos de evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental integrada a los que se está sometiendo el proyecto.
“He citado textualmente un pronunciamiento en esta cámara y en este en este mismo año del que entonces era consejero de medio ambiente en la anterior legislatura y que suscribo plenamente. Se trata ni más ni menos de una cuestión de procedimiento medioambiental que como usted sabe es muy garantista”, ha indicado Roqueñí.
Ha explicado la consejera que desde que Preco presentó la documentación y la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental del proyecto de la autorización ambiental integrada para la actividad pretendida, se realizaron numerosas solicitudes e informes para mejorar, corregir y profundizar en la información presentada. Una vez que se consideró que los documentos estaban completados, se realizaron las consultas a administraciones públicas e interesados, lo que supone trasladar el expediente hasta un total de 10 departamentos de la propia administración regional, dos de la administración General del Estado, 7 ayuntamientos y 16 organizaciones ecologistas.
“Fue entonces y sólo entonces cuando se conoció la incompatibilidad de la actividad para ser ejecutada en el suelo sobre el que se pretendía su desarrollo”, explicó Roqueñí.
Tomé por su parte ha asegurado que las preguntas sobre este proyecto y su instalación o no en Gijón, en realidad “son múltiples”. Así indicó la diputada que por un lado, la empresa promotora, Preco, exige una nueva ubicación para la planta de pirólisis, y advierte de que si no la consigue tiene previsto, por lo visto, acudir a los tribunales.
“¿Qué tiene previsto el Gobierno de Asturias hacer con esta amenaza? Por otro lado, el desarrollo económico-industrial entendemos que debe basarse en un crecimiento vinculado a la industria limpia, cosa que esta planta de pirólisis se aleja mucho de ser”, ha indicado Tomé.
Además ha añadido la parlamentaria de Podemos que el Ejecutivo debe aclarar qué van a hacer ahora que el propio gobierno dice que se incumplen las normas mientras que por otro lado sale el proyecto de exposición pública en el BOPA.
