El hijo del presidente Joe Biden regresará a la corte el jueves para ser procesado en Los Ángeles por cargos de impuestos federales presentados después del fracaso de un acuerdo de culpabilidad que podría haberle ahorrado el espectáculo de un juicio penal durante la campaña de 2024.
Se espera que Hunter Biden se declare inocente de nueve delitos fiscales graves y menores. Los cargos surgen de lo que los fiscales federales dicen que fue un plan de cuatro años para evitar pagar los 1,4 millones de dólares que debía al IRS y, en cambio, utilizar el dinero para financiar un estilo de vida extravagante que, según él mismo admitió, incluía drogas y alcohol.
La comparecencia ante el tribunal también incluirá una discusión sobre futuras fechas de audiencia y plazos de presentación. Mientras tanto, Hunter Biden también ha sido acusado en Delaware de mentir en octubre de 2018 en un formulario federal para compradores de armas cuando juró que no consumía drogas ilegales ni era adicto a ellas. En ese momento era adicto al crack. También está acusado de posesión ilegal del arma y se declaró inocente en ese caso.
Todas las acusaciones provienen de una investigación federal de un año de duración sobre los negocios y los impuestos de Hunter Biden, que se esperaba que terminara durante el verano con un acuerdo de declaración de culpabilidad en el que habría obtenido dos años de libertad condicional después de declararse culpable de delitos fiscales menores. También habría evitado el procesamiento por el cargo de armas si no se hubiera metido en problemas.
El acuerdo se desmoronó cuando un juez federal que se esperaba que lo aprobara comenzó a cuestionarlo. Ahora, los casos de impuestos y armas avanzan como parte de una confluencia sin precedentes de drama político y legal: a medida que se acercan las elecciones de 2024, el Departamento de Justicia está procesando activamente tanto al hijo del presidente como a Donald Trump, el favorito republicano.
El acuerdo de culpabilidad propuesto originalmente por Hunter Biden con los fiscales había sido ridiculizado como un “acuerdo atractivo” por los republicanos, incluido Trump. El expresidente enfrenta sus propios problemas criminales: 91 cargos en cuatro casos distintos, incluido el de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020, que perdió ante el demócrata Biden.
El proceso penal contra Hunter Biden también se desarrolla en paralelo a los intentos, hasta ahora infructuosos, de los republicanos del Congreso de vincular sus negocios con los de su padre. Los republicanos están llevando a cabo una investigación de juicio político contra el presidente Biden, alegando que estuvo involucrado en un plan de tráfico de influencias con su hijo. Hunter Biden desafió una citación del Congreso para comparecer a testificar a puerta cerrada, insistiendo en que quería testificar en público. Hizo una aparición sorpresa en una audiencia en el Congreso el miércoles mientras los republicanos de la Cámara de Representantes tomaban medidas para presentar cargos de desacato al Congreso.
Hasta el momento no ha surgido evidencia que demuestre que Joe Biden, en su cargo actual o anterior, abusó de su papel o aceptó sobornos, aunque han surgido preguntas sobre la ética que rodea los negocios internacionales de la familia Biden.
Si es declarado culpable de los cargos fiscales, Hunter Biden, de 53 años, podría recibir un máximo de 17 años de prisión. Tras el fracaso del acuerdo de culpabilidad, el fiscal general Merrick Garland nombró a un abogado especial para manejar el asunto. Se recurre a un fiscal especial para manejar casos en los que el Departamento de Justicia se percibe como si tuviera un conflicto o en los que se considera de interés público que intervenga alguien ajeno al gobierno.
El abogado defensor de Hunter Biden, Abbe Lowell, acusó al fiscal especial David Weiss de “ceder a la presión republicana”.
“Según los hechos y la ley, si el apellido de Hunter fuera otro que Biden, no se habrían presentado los cargos en Delaware, y ahora en California”, dijo Lowell.
