El Consejo de Gobierno ha instado este martes a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía, una norma que se prevé que esté aprobada en 2025. Este futuro texto legal tendrá como objetivos fomentar la I+D+I y su transferencia para generar conocimiento y liderazgo científico, mejorar las condiciones laborales de sus recursos humanos y promover la calidad de las infraestructuras y equipamientos estratégicos en esta materia.
En este sentido, la Consejería de Universidad ya trabaja en un documento inicial en el que se establece incrementar la inversión pública y privada en I+D con el fin de acercar a Andalucía a la media nacional y europea, así como favorecer el desarrollo progresivo de la Compra Pública de Innovación. De igual modo, se incluirán “mecanismos” que promuevan la investigación en todos los ámbitos y áreas de conocimiento, el apoyo a la creación y consolidación de centros de I+D y el aumento de los niveles de transferencia del conocimiento, especialmente entre la universidad y la empresa, contribuyendo con ello a reorientar el modelo productivo andaluz para hacerlo más sostenible, ha defendido la Junta en una nota de prensa.
Además, se prestará especial atención al fomento de la investigación y la innovación en el tejido productivo y más concretamente en las pymes para incrementar la competitividad de la actividad económica andaluza. Andalucía también impulsará la atracción de talento y la internacionalización de su sistema científico y tecnológico, por lo que el nuevo marco regulatorio incluirá políticas y programas que faciliten la movilidad de investigadores y la participación en proyectos internacionales. Asimismo, incorporará iniciativas para favorecer la estabilización de las plantillas dedicadas a la I+D, la renovación generacional y el incremento de personal.
De igual modo, prevé la promoción de la divulgación y la cultura científica en la sociedad andaluza, por lo que impulsará la puesta en marcha de programas dirigidos a ello, la organización de eventos de esta índole, la creación de espacios de participación ciudadana en la ciencia y el fomento de la educación científica desde edades tempranas. Este texto legal sustituirá al marco normativo vigente, que data de 2007, y persigue adecuarlo a los nuevos avances y cambios producidos en el campo científico y tecnológico y promover el crecimiento sostenible y el bienestar de Andalucía.
Con la elaboración de este nuevo documento se dará respuesta a las medidas incluidas en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, suscrito con los agentes económicos y sociales en marzo de 2023, en concreto, a aquellas dirigidas a impulsar políticas de I+D+I que contribuyan a consolidar una economía basada en el conocimiento, ha defendido la Administración regional.
El Gobierno andaluz sostiene que Andalucía es la tercera comunidad que más recursos invierte en I+D, alcanzando la inversión en 2022 un montante de 1.890,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,03% con respecto a 2021, más del doble de la tasa de crecimiento experimentada en ese ejercicio. Esa subida es, además, la mayor desde el año 2007. Así se recoge en el último informe sobre ‘Actividades de I+D en Andalucía 2022’, elaborado por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), adscrita a la Consejería de Universidad, a partir de los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De acuerdo con esa estadística, el esfuerzo inversor en la comunidad en investigación y desarrollo procede, mayoritariamente, del sector público (administración pública y enseñanza superior), que continúa actuando como “activo tractor” de la inversión regional en I+D. Aportó el 63,9% de los recursos invertidos, lo que equivale a 1.209 millones, frente al 36,1% del segmento privado, esto es 681,6 millones, que engloba a empresas e instituciones privadas sin fines de lucro. En 2022, la inversión en esta materia se ha incrementado en un 9,2% en el sector público, lo que supone la mayor subida en catorce años. Los anteriores incrementos se produjeron en 2021, apuntándose entonces un 7,08%, en 2020, con un 5,87%, y en 2019, con un 5,28%.
Por su parte, el alza experimentada por el ámbito privado se cuantifica en un 14,41%, un ascenso de doble dígito que no se producía desde 2010. Por otro lado, en Andalucía, 28.518 personas (en equivalencia a jornada completa), entre personal investigador, técnico y auxiliar, se dedican a actividades de I+D, un 5,45% más con respecto a 2021. Estos recursos conforman una plantilla récord en la comunidad, ya que “nunca ha habido tantos recursos humanos empleados en la ciencia andaluza”. En este sentido, el Gobierno andaluz ha reservado en los presupuestos de 2024 más de 260 millones de euros para dinamizar la actividad investigadora, la transferencia de conocimiento, la innovación y el emprendimiento.