Un estudio realizado por un equipo de Universidad de Córdoba (UCO), de la Universidad de Zaragoza (Unizar) y del Instituto de Estudios Sociales Avanzados ha puesto de manifiesto que en Andalucía existen 225.060 kilómetros de caminos y senderos públicos, lo que supone el 24,62 por ciento del territorio andaluz y cuyo valor asciende a los 44.000 millones de euros.
Tal y como ha indicado la UCO en una nota, a pesar de su gran extensión e importancia económica, estos caminos se encuentran en una situación “muy desigual en cuanto a regulación, ordenación, abandono y vigilancia”.
Así lo ha concluido un estudio en el que ha participado la Universidad de Córdoba y que los profesores David Moscoso (UCO), José María Nasarre (Universidad de Zaragoza) y Manuel Trujillo (Instituto de Estudios Sociales Avanzados) han recogido en el libro ‘Caminos y Senderos Públicos de Andalucía. Un estudio normativo, sociológico y cartográfico’, editado por Almuzara y presentado este jueves en un acto presidido por el rector de la UCO, Manuel Torralbo, y en presencia de casi un centenar de personas.
Esos más de 200.000 kilómetros, recogidos en un mapa online (‘‘), incluyen en realidad una gran variedad de tipos de senderos. Los que más terreno ocupan son los caminos rurales, los caminos y sendas en montes públicos y las vías pecuarias.
Pero a ellas hay que añadir también senderos locales, senderos deportivos homologados, senderos de uso público de la Red de Espacios Naturales Protegidos, los kilómetros señalizados del Camino de Santiago, los senderos de diputaciones provinciales, las rutas temáticas, los senderos de bicicleta de montaña y las vías verdes y caminos naturales. Ello sin contemplar otros activos como puertas verdes y corredores naturales, líneas de ferrocarril abandonadas, carriles de servicio y dominio público hidráulico.
Además de su extensión, los caminos y senderos están relacionados con el senderismo y la actividad turística suponiendo un impacto positivo para la generación de empleo de calidad y la dinamización económica del entorno rural. Según explican los autores del libro, existen 480.000 practicantes de senderismo en Andalucía y 1,4 millones de pernoctaciones anuales en alojamientos rurales, que generan un impacto de 543 millones de euros al año en el medio rural andaluz.
“Con esta riqueza patrimonial y una gestión eficiente y coordinada de los recursos, Andalucía puede potenciar el aprovechamiento de dicho patrimonio, favoreciendo su puesta en valor y mantenimiento como estrategia de cohesión territorial, fijación de población rural y conservación del medio ambiente”, ha explicado el investigador David Moscoso.
Y es que el estudio pretende servir de base para el desarrollo de una adecuada regulación normativa del patrimonio viario del medio rural, ya que, para los autores, “estos caminos deben ser protegidos, conservados y puestos en valor, aunque la realidad actualmente que buena parte de ello se encuentran en una situación de absoluta alegalidad”, según José María Nasarre.
“La progresiva desatención y abandono del patrimonio viario ha generado una crisis de gobernanza de estos recursos caracterizada por conflictos entre actores tradicionales vinculados al sector primario, población local y nuevos actores sociales y económicos”, sostiene Moscoso.
Para esa adecuada regulación normativa han realizado un estudio de las normas, programas y planes viarios vigentes en Andalucía para proponer una serie de medidas que contribuyan a mejorar la gobernanza y poner en valor el patrimonio viario desde el ámbito de la acción pública. En primer lugar, que los ayuntamientos y administraciones autonómicas andaluces tengan inventariada su infraestructura viaria en el medio rural.
En segundo lugar, la existencia de mecanismos de coordinación entre administraciones que sirvan para ordenar usos compatibles y evitar conflictos. Específicamente, el libro propone coordinar las normativas de uso deportivo, turístico, agrícola, ganadero y de protección ambiental. En tercer lugar, velar por el mantenimiento de esta infraestructura a través de planes viarios y desarrollar una vigilancia permanente para evitar que puedan producirse situaciones fuera de la ley.
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Por último, las actuaciones públicas dirigidas a la recuperación, puesta en valor, promoción, mantenimiento y vigilancia deben favorecer su impacto real sobre la población rural.
INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINAR
Así, el libro se ha realizado a partir de una investigación multidisciplinar desde el punto de vista cartográfico, normativo y sociológico. El equipo investigador ha realizado un inventariado del patrimonio viario a través de fuentes administrativas cartográficas y han analizado las normas locales, autonómicas y estatales que regulan los usos estas infraestructuras.
Además, han estudiado los discursos sociales asociados a los caminos, su valor simbólico y material y las razones de los conflictos que generan entre agricultores, propietarios de tierras, ecologistas, deportistas y turistas.
