La Comisión Europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber ultimado la revisión de sus planes hidrológicos de cuenca y de gestión del riesgo de inundación, en concreto los referentes a Canarias (Lanzarote, Fuerteventura y La Palma), de conformidad con las directivas sobre agua e inundaciones, y por tener al menos 195 vertederos ilegales sin cerrar, sellar o restaurar desde 2008, provocando “daños graves” al medio ambiente y poniendo en peligro la salud de los habitantes.
La CE ha enviado también a Bulgaria, Irlanda, Malta, Portugal y Eslovaquia ante el TJUE por el mismo motivo: no haber ultimado la revisión de sus planes hidrológicos de cuenca o sus planes de gestión del riesgo de inundación, de conformidad con las directivas sobre agua e inundaciones.
Bruselas recordó que los Estados miembros deben actualizar y notificar cada seis años sus planes hidrológicos de cuenca, los cuales incluyen un programa de medidas que son fundamentales para garantizar el buen estado o el potencial de todas las masas de agua.
vertedero ilegal. / EFE / Jane Hahn
Igualmente, los Estados miembros deben actualizar y notificar cada seis años sus planes de gestión del riesgo de inundación, que Bruselas considera “fundamentales” para reducir y gestionar los riesgos que las inundaciones suponen para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica.
Pacto Verde Europeo
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La directiva marco sobre el agua se centra en garantizar una buena salud cualitativa y cuantitativa de las masas de agua europeas, como los ríos y los lagos. Tiene por objeto reducir y eliminar la contaminación, así como garantizar que haya agua suficiente para cubrir al mismo tiempo las necesidades humanas y las de la fauna silvestre, apuntó la CE.
En ese sentido, constituye una parte esencial del Pacto Verde Europeo y resulta necesaria para alcanzar sus objetivos en materia de clima, naturaleza y reducción de la contaminación.
Al mismo tiempo, destacó que el cumplimiento de la directiva sobre inundaciones es clave para la preparación ante ese fenómeno y su gestión.
La Comisión había enviado en febrero de 2023 cartas de emplazamiento a los países concernidos, a las que siguieron en septiembre pasado dictámenes motivados a todos los que no habían actualizado ni revisado esos planes.
“A pesar de que se han registrado algunos avances, seis países siguen incumpliendo sus obligaciones en virtud de una o de las dos directivas”, indicó la Comisión, que precisó que España, Malta y Portugal todavía no han notificado por completo sus terceros planes hidrológicos de cuenca ni sus segundos planes de gestión del riesgo de inundación.
Vertedero ilegal en Albuñol (Granada). / Ecologistas en Acción
El Ejecutivo comunitario consideró, por tanto, que los esfuerzos que hasta la fecha han realizado las autoridades han sido “insuficientes” y, en consecuencia, va a llevar a Bulgaria, Irlanda, España, Malta, Portugal y Eslovaquia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Vertederos ilegales
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El Ejecutivo comunitario ha dado también el último paso en el marco del expediente que abrió a España en 2015 por infringir la directiva sobre residuos que exige a los países adoptar “todas las medidas necesarias” para evitar que perjudiquen tanto a los seres humanos como al medio ambiente, según ha comunicado la institución.
La normativa también obliga a los Estados miembros a garantizar que “los residuos se eliminen de forma segura”, y que los productores iniciales “o bien traten los residuos ellos mismos o bien se cercioren de que el tratamiento se lleve a cabo de forma adecuada”.
“España no ha adoptado las medidas necesarias para cumplir esos requisitos de la directiva marco sobre residuos. La persistencia de al menos 195 vertederos ilegales que aún no han sido cerrados, sellados ni restaurados desde 2008 está provocando daños graves al medio ambiente y pone en peligro la salud humana“, denuncian las autoridades comunitarias.
A juicio de Bruselas, España también “ha faltado a sus obligaciones de control, inspección y cumplimiento en relación con el vertido de residuos”.
crecida del rio Cega a su paso por la localidad vallisoletana de Viana de Cega. / EFE / Nacho Gallego
La apertura del procedimiento de infracción se remonta a diciembre de 2015 y Bruselas dio un ultimátum en noviembre de 2018, pero considera que “los esfuerzos de las autoridades españolas han sido insuficientes” a pesar de haber conseguido “algún avance” desde entonces.
El caso pasa ahora al tribunal con sede en Luxemburgo, que en una futura sentencia debería dirimir si, como opina la Comisión Europea, España ha incumplido las obligaciones que le impone la directiva. Si coincide en su análisis con Bruselas y después el Estado no adopta medidas correctoras, la Comisión podría pedir al TJUE la imposición de multas.