“Los casos más graves del narcotráfico organizado no son, en muchos casos, competencia de la Audiencia Nacional“. Así de contundente se mostraba la fiscal jefa Antidroga Rosa Ana Morán en la última Memoria de la Fiscalía, presentada el pasado septiembre, en la que una de las principales responsables de la lucha contra el narcotráfico en nuestro país, en el cargo desde mayo de 2022, reclamaba una reforma legal “para dar respuesta a esta situación”, que sitúa en zonas como la Costa del Sol, Algeciras, Cataluña o Galicia.
Se trataba de la primera ocasión en la que Morán podía expresar su parecer en este documento, en el que los responsables de los principales departamentos de la Fiscalía exponen los últimos datos estadísticos y hacen balance de gestión. Su reclamo coincide con la propuesta lanzada este lunes por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde Barbate (Cádiz), donde dos guardias civiles murieron el viernes embestidos por una narcolancha. El PP considera que hay muchos casos de narcotráfico que conllevan investigaciones a nivel internacional y que deben derivarse a la Audiencia Nacional.
Según señalaba Morán en la Memoria, que fue presentada en el acto solemne de apertura de tribunales, en presencia del rey Felipe VI, gran parte de los fiscales antidroga delegados en zonas con mayor incidencia de narcotráfico vienen señalando “una realidad que no por conocida debe dejar de constatarse”, que tiene que ver con las reducidas competencias de la Audiencia Nacional en esta materia las limitaciones de los juzgados mixtos. El problema es especialmente acuciante en algunas poblaciones gaditanas, como es el caso de La Línea de la Concepción y San Roque.
Como los JIRS franceses
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“Estas causas no deberían ser atendidas por jueces sin experiencia suficiente y en juzgados colapsados por causas de todo tipo”, afirma Morán en la introducción de su epígrafe en la Memoria. Añade que la modificación que propone de las competencias de la Audiencia Nacional “solucionaría al menos parte del problema” pero también debería complementarse, en su opinión, con la creación de jurisdicciones regionales especializadas en delincuencia organizada, a modo de las denominadas JIRS que funcionan en Francia”.
El problema de fondo, a juicio de la fiscal jefa, es que las actuales competencias Fiscalía de la Audiencia Nacional en materia de delitos contra la salud pública y el blanqueo procedente de estos delitos no se corresponde con la realidad de la delincuencia organizada, de forma que esta se instruye y enjuicia, en la mayoría de los casos, en las provincias, algunas saturadas, sin especialización en los órganos judiciales ni estructuras adecuadas para afrontar la nueva realidad delictiva.
Actualmente, para evitar contradicciones entre los fiscales de la Fiscalía antidroga y los provinciales, se funciona con un protocolo de inhibiciones que procura reducir informes contradictorios y evitar el “peloteo” de las causas entre la Audiencia Nacional y los juzgados territoriales por ver quién se queda con las investigaciones.
Vecinos de Barbate se concentran por la muerte de dos guardias civiles en una operación contra el narcotráfico. / ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS
Igualmente, la fiscal alude a los retrasos y dilaciones que experimenta, en general, la Administración de Justicia, que se han incrementado tras la pandemia y “provocan un efecto perverso que dilata los señalamientos de los juicios orales relativos al narcotráfico, especialmente aquellos de cierta complejidad con múltiples acusados”.
Los “petaqueros”
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Además, la Memoria de la Fiscalía incluye una propuesta que según las fuentes consultada por esta redacción podría tener un impacto inmediato en la lucha contra la narcotráfico en el Estrecho. Se trata en concreto de una modificación legislativa que busca la “tipificación del transporte y almacenamiento de combustibles líquidos predeterminado al narcotráfico”.
Esta iniciativa busca perseguir criminalmente a los denominados “petaqueros”, que son aquellas personas que se dedican a transportar y almacenar grandes cantidades de gasolina que posteriormente se destina al suministro de combustibles de las embarcaciones de alta velocidad utilizadas para el transporte de hachís desde el norte de África.
“Tanto la Fiscalía como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han reiterado en diferentes ocasiones las importantes dificultades existentes para perseguir penalmente estas conductas, que presentan una indudable importancia logística en las actividades de tráfico de drogas –particularmente en la zona del Campo de Gibraltar–, a pesar del grave riesgo que comportan”, especifica la Memoria.
Las “guarderías” de la gasolina
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En la mayoría de los casos los agentes descubren la gasolina en embarcaciones o en naves, a las que se les denomina “guarderías”, pero también en viviendas. Pero los propietarios del combustible apenas reciben un reproche penal. Por ese este cambio legislativo, prosigue la Fiscalía, trata de superar la complejidad que tienen los agentes para acreditar la vinculación de esos transportes o almacenamientos con el narcotráfico. “Y, en segundo lugar, por los problemas que se generan a la hora de incardinar tales conductas en algún otro tipo delictivo existente en nuestro ordenamiento jurídico-penal”, concluye el Ministerio Público, que propone introducir un nuevo tipo penal que castigue la tenencia o el transporte de gasolina sin el cumplimiento de los requisitos administrativos.
Por otro lado, la Fiscalía General sacó a concurso el pasado 1 de febrero varias plazas, entre las que se encuentra la de número dos (teniente fiscal) Antidroga, vacante tras el traslado de Ignacio de Lucas a la Fiscalía Europea. En la orden publicada en el BOE, consultada por El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica, se daban diez días de plazo para presentar candidatos, aunque aún no se ha hecho público el listado de profesionales que aspiran al puesto.