El Gobierno pone rumbo a los Presupuestos para intentar coger aire en medio de la tormenta por el caso Koldo. Después de pactar con los independentistas la ley de amnistía, el Ejecutivo pretende recuperar la iniciativa desviando el foco de la corrupción a su agenda económica y social. Con el objetivo de registrar el proyecto “cuanto antes” para recuperar el tiempo perdido por el bloqueo de Junts a la medida de gracia, el Gobierno acelera las negociaciones con sus socios y ultima unas cuentas expansivas. Con la atadura de las reglas de gasto, pero el margen por el aumento de ingresos, desde el Ejecutivo avanzan que cuentan con incrementar el gasto social. Al menos, en partidas que consideran prioritarias como vivienda, educación (principalmente en becas) y derechos sociales (dependencia).
Los distintos departamentos están haciendo todavía “ajustes” con Hacienda, pero se espera tener listo el proyecto para llevarlo al Consejo de Ministros este mes de marzo e, inmediatamente después, presentarlo en el Congreso. El paso previo será sellar un acuerdo entre los socios de coalición y garantizar que los socios, especialmente, Junts, tienen voluntad negociadora. Esto es, evitar con sus votos que prosperen enmiendas a la totalidadDesde Moncloa dan por hecho que así será tras aprobarse este jueves en la comisión de Justicia el dictamen sobre la ley de amnistía. Sin embargo, aun facilitando este primer trámite, desde los grupos parlamentarios que apoyaron la investidura ponen en valor que para su aprobación definitiva el Gobierno deberá incluir sus demandas. El expresident, Carles Puigdemont, apuntaba a través de las redes sociales, tras felicitarse por la aprobación de la norma, que ahora “lo que corresponde es negociar pieza a pieza, no dar nada por aprobado y abordar todas las cuestiones, desde los Presupuestos al reconocimiento nacional y el ejercicio del derecho a la autodeterminación”.
Todos los votos de los socios son necesarios para sacar adelante el proyecto y estabilizar con ello la legislatura. Más en un momento de debilidad para el Ejecutivo, acosado por el caso Koldo, que incrementa el valor de esta ventana de negociación para no diluir sus reivindicaciones. Este mismo jueves, apenas un par de horas antes de aprobarse la amnistía, desde el PNV mostraban su voluntad de dar estabilidad a la legislatura, pero avisando al mismo tiempo que serían exigentes en sus demandas para apoyar los Presupuestos.
“El Gobierno de Pedro Sánchez está necesitado continuamente de negociar con los partidos que le auparon a la investidura”, advertía el candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, durante la presentación de su candidatura en Madrid. “Nosotros ahora estamos centrados en avanzar en el siguiente paso, que es la negociación presupuestaria”, añadía, para recordar otros compromisos adquiridos en el pacto de investidura relacionados con el autogobierno.
Negociaciones avanzadas
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Acuerdos ya cerrados, argumentan desde el PNV, que no formarán parte de la negociación de Presupuestos, donde están poniendo otras nuevas demandas sobre la mesa. EH Bildu, unas horas después, reclamaba al Gobierno que retirase la rebaja del gravamen a las energéticas a través de una enmienda al decreto anticrisis.
Otros socios de investidura, con los que ya se han avanzado las negociaciones, destacan igualmente que todavía no hay nada cerrado y que el Gobierno deberá aceptar sus reivindicaciones para contar con sus votos. Si bien, coinciden en señalar que pasado el rubicón de la amnistía, los Presupuestos no tienen por qué tener dificultades si se cumplen los compromisos.
Desde Sumar, su portavoz, Íñigo Errejón, zanjaba tras la votación en la comisión de Justicia que “hoy todo es más fácil” porque el acuerdo en la ley de amnistía acuerdo permitirá llevar a cabo más medidas sociales y materializar “todas las razones por las que la gente votó progresista”. “La Ley de amnistía facilita posibles acuerdos posteriores”, concluyó.
Incremento de partidas
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El Ejecutivo está más necesitado que nunca en garantizar con estos Presupuestos un impulso a la legislatura y poner en valor sus medidas. Desde distintos departamentos avanzan que aumentarán su presupuesto. Especialmente en Educación, donde aumentará la partida de becas y se incluirán otras medidas como un plan de choque, que superará los 500 millones de euros, para clases de refuerzo a los alumnos de primaria y ESO. En los actuales Presupuestos, la inversión en becas ya fue récord. Con un presupuesto superior a los 2.500 millones de euros, la inversión aumentó en un 18,6% respecto al año anterior. Un total de 400 millones más.
En materia de vivienda, la apuesta es también clara tras crear un ministerio propio con las competencias que antes se incluían en la cartera de Transportes. Su titular, Isabel Rodríguez, ya anunció instrumentos como el Bono Joven de Alquiler o los avales para la compra por parte de jóvenes y familias con menores a cargo. Según los cálculos de los socialistas, durante los próximos años está previsto el despliegue de más de 14.300 millones de euros para desarrollar un total de 184.000 viviendas a precio asequible. Asimismo, en materia de dependencia desde el Ejecutivo aseguran que se aumentarán los recursos, fundamentalmente a través de las comunidades autónomas.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistía este jueves durante su comparecencia en el Senado que la intención del Gobierno es presentar el proyecto de Presupuestos “lo antes posible”. “Estamos hablando con los grupos para posibilitar que haya cuentas nuevas para 2024, que yo creo que es una magnífica forma de ejercer nuestras competencias en política económica”, aseguraba para concluir que el calendario dependerá de que se vayan cerrando acuerdos “con la mayor parte de los grupos políticos”.
