Irán ha convertido sus cárceles en lugares de matanzas masivas: al menos 853 personas fueron ejecutadas en la república islámica en 2023, más de la mitad de ellas por cargos relacionados con drogas, dijo Amnistía Internacional el jueves.
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El grupo con sede en Londres dijo en un informe que se necesitaba una acción internacional más fuerte para detener el aumento de las ejecuciones, de lo contrario “miles” corrían el riesgo de ser ahorcados en los próximos años.
Las autoridades iraníes han “persistido en su matanza sancionada por el Estado, que ha convertido las cárceles en campos de exterminio”, afirmó Amnistía.
La cifra para 2023 aumentó un 48 por ciento con respecto al año anterior y el 56 por ciento de las ejecuciones involucraron cargos relacionados con drogas, dijo Amnistía.
Otras dos ONG, Iran Human Rights (IHR) y Together Against the Death Penalty (ECPM), publicaron un informe el mes pasado dando una cifra ligeramente inferior: 834 personas ejecutadas en 2023.
El aumento de las ejecuciones se produjo después de que Irán se viera convulsionado por las protestas que estallaron en septiembre de 2022. Nueve personas han sido ejecutadas en casos relacionados con las protestas.
Grupos de derechos humanos, incluida Amnistía, han advertido que las autoridades están utilizando las ejecuciones para infundir miedo en la sociedad e impedir más manifestaciones.
“Abuso grotesco de poder”
Amnistía dijo que el comportamiento de Irán no había cambiado este año, con al menos 95 ejecuciones registradas hasta el 20 de marzo.
El grupo de derechos humanos añadió que sus cifras eran “cifras mínimas” y que el número real de muertos sería mayor.
“Sin una respuesta global sólida, Amnistía Internacional teme que las autoridades iraníes sigan utilizando la pena de muerte como herramienta de opresión para ejecutar a miles de personas más en los próximos años”, afirmó el grupo en su informe.
Entre los ejecutados se encontraba Hamidreza Azari, de 17 años, ahorcado en noviembre en la provincia de Razavi Khorasan tras ser declarado culpable de un mortal apuñalamiento ocurrido en 2023 cuando tenía 16 años.
Su edad “fue tergiversada” como 18 por los medios estatales para “evadir la responsabilidad”, dijo Amnistía, añadiendo que había revisado su certificado de nacimiento.
Amnistía dijo que la minoría sunita baluch concentrada en el sureste estaba siendo atacada de manera desproporcionada.
La minoría “constituye sólo alrededor del 5 por ciento de la población de Irán, pero representó el 20 por ciento de todas las ejecuciones en 2023”, señala el informe.
Y el nuevo aumento de las ejecuciones por delitos de drogas era motivo de especial preocupación, afirmó Amnistía.
La legislación antinarcóticos de Irán se modificó en 2017 y las ejecuciones por delitos de drogas disminuyeron en 2018 y 2020 antes de recuperarse dramáticamente el año pasado.
“La pena de muerte es aborrecible en todas las circunstancias, pero aplicarla a escala masiva para delitos relacionados con drogas tras juicios manifiestamente injustos ante Tribunales Revolucionarios es un grotesco abuso de poder”, afirmó Diana Eltahawy, subdirectora regional de Amnistía para Oriente Medio y el Norte. África.
(AFP)