Con el debate sobre la vivienda en España a flor de piel y el Gobierno moviendo ficha, el PP presentó este jueves un plan con 16 medidas que pretende sustentar en una proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Las principales novedades del paquete popular se centran en incentivos fiscales -aplicando una deducción del 100% en las rentas de los propietarios que saquen al mercado de alquiler viviendas vacías y bonificando el impuesto de sucesiones y donaciones a aquellas personas que dejen dinero a personas del círculo familiar más próximo para comprar una vivienda-, además de una potente ley antiokupación que ya se aprobó en el Senado y en la que Alberto Núñez Feijóo insistió ayer en un viaje a Cataluña.
La secretaria general conservadora, Cuca Gamarra, y la responsable en materia de Vivienda, Paloma Martín, cargaron contra el “oportunismo” del Gobierno que, a su juicio, y tras seis años en el Gobierno, “solo se acuerda de la vivienda cuando hay elecciones”. Los populares plantean medidas urgentes para poner a disposición suelo público y que se pueda levantar vivienda nueva cuanto antes y que se resuelva la seguridad jurídica que se necesita para construir con una legislación más flexible y que no genere tantos obstáculos.
Algunas de estas medidas suenan estos días en Moncloa, convencidos de que hace falta tomar medidas con celeridad, mientras el sector recalca que no se puede esperar más. Precisamente, el Gobierno también mira al PP para aprobar la modificación de la ley del suelo, una norma que decayó por la convocatoria de las elecciones generales y que el Ministerio de Vivienda ha recuperado. Está en tramitación parlamentaria, no cuenta con el visto bueno de Sumar ni tampoco con otros socios de Sánchez.
El PP, por su parte, evita pronunciarse con claridad sobre su posición. Paloma Martín se quejó de la “falta de diálogo” y del hecho de que el Gobierno “ni siquiera se haya puesto en contacto con su partido y las comunidades autónomas” (la mayoría en manos del PP), pero no cerró la puerta a poder negociar.
Lo que recalcó es que a su partido “le habría gustado recibir esa llamada y la pregunta de si querían hablar de la ley de forma coordinada”, admitiendo que en realidad la norma “toma como base una ley del PP”. Recalcó que la prioridad debe pasar en todo momento por “dotar de mayor seguridad jurídica el planteamiento urbanístico” y dijo que la ley “nace coja” porque deja muchas cuestiones fuera como la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa o la relativa a las garantías procesales. No negó la posibilidad de emprender una negociación con el Gobierno si la voz del PP se escucha, y aseguró que su formación “ejercerá sus competencias de forma responsable”.
Martín se mostró más crítica con la eliminación de las ‘golden visa’ -que el Ejecutivo pretende concluir en una enmienda a esta ley del suelo-, insistiendo en que se trata del “chocolate del loro” porque “la mayoría de viviendas que se compran por extranjeros en España son para extranjeros comunitarios que no se benefician del permiso de residencia”. El PP sigue pensando que el anuncio fue “una cortina de humo” de Sánchez porque se veía “muy acorralado” ante los titulares de la trama Koldo. No se pronunciaron las dirigentes conservadoras sobre el hecho de que es la propia Comisión Europea la que pide acabar con estos visados dorados.
“Las leyes de Sánchez no sirven”
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La crítica más feroz del PP se sigue centrando en la ley de vivienda que, a su juicio, no ha servido para nada porque “los precios se siguen disparando” y a las dificultades que muchos ciudadanos tienen para comprar una vivienda se suman los precios del alquiler absolutamente disparados. “Nosotros defendemos medidas enfocadas a que haya más suelo, que se pueda construir, que se pueda promover más oferta para la demanda existente”, recalcó Cuca Gamarra.
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Además de las medidas relacionadas con los incentivos fiscales, Martín detalló el resto del paquete formado por 16 propuestas, algunas destinadas en exclusiva a los jóvenes: generar un gran parque de vivienda a precios asequibles, poner a disposición suelo público para que haya una colaboración público-privada con las promotoras, avalar el precio del alquiler o facilitar el 95% de la hipoteca (estas dos medidas ya están funcionando en algunas comunidades).