Para evitar los escandalosos casos en los que personas condenadas por abusos sexuales a menores siguen trabajando en espacios donde hay niños, el Gobierno ha aprobado este martes un real decreto destinado a reforzar el registro central de delincuentes sexuales, una herramienta que permite conocer los antecedentes de una persona antes de contratarle pero en la que se han detectado lagunas que ahora se tratan de solucionar, con el fin de blindar la protección de los niños.
La principal novedad de la reforma es que las empresas, oenegés, instituciones y algunos colegios profesionales podrán solicitar el certificado con los antecedentes en tiempo real. Hasta ahora son los interesados en trabajar con menores los que solicitan el documento y lo aportan al empleador antes de ser contratados, pero se han detectado “casos de personas que después de estar trabajando con menores [y haber aportado el certificado sin antecedentes] cometen delitos” sexuales contra niños, de ahí que la reforma permita a las empresas “actualizar o conseguir el certificado en tiempo real“, contando con el consentimiento de sus empleados.
Nueva denominación
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“De tal manera, que tendremos un control efectivo y periódico de los antecedentes por delitos sexuales”, ha argumentado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La reforma ha sido aprobada junto con el plan para otorgar estatus jurídico y regular las indemnizaciones a las víctimas de la pederastia en la Iglesia.
Además, el registro, que se creó en 2016 precisamente para intentar garantizar que los condenados por pederastia no tengan contacto habitual con menores –a través de una base de datos que es gratuita pero no pública y que contiene datos identificativos, las condenas y las medidas de seguridad impuestas a personas condenadas por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad sexual– incluirá a partir de ahora también a los condenados por trata de seres humanos, con independencia de la edad de la víctima. Por ello pasará a denominarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.
Agilizar los trámites
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Asimismo, con el objetivo de reducir “la burocracia” y “agilizar los trámites”, se permite a las personas de entre 16 y 18 años, que en muchas ocasiones trabajan como socorristas o monitores de actividades infantiles o campamentos, que puedan solicitar directamente el certificado, sin tener que recurrir a sus padres o tutores.
También se “agiliza” los trámites en el caso de que el interesado en trabajar con niños sea de otro país de la UE. En estos casos, se le solicitan dos certificados, el español y el del país de origen, para garantizar que no se han cometido delitos sexuales allí. En ocasiones, según Bolaños, este último tarda “semanas o meses”. Para acabar con esta situación, se interconectará el Sistema Europeo de Información sobre Antecedentes Penales (ECRIS) con el español, de forma que los ciudadanos europeos tendrán un certificado de antecedentes simultáneo y “en minutos”, según el ministro.
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Por último, el real decreto equipara el régimen de cancelación de las condenas dictadas por delitos sexuales por parte de jueces o tribunales extranjeros al régimen español. De esta forma, la imposibilidad de trabajar con menores durante 30 años desde el cumplimiento de la pena se aplicará con independencia de la norma que rija en el país donde se cometió el delito. Hay países, según el ministro de Justicia, donde los antecedentes no se cancelan nunca o se hace muy tarde.