El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, ha defendido este viernes la ley de agentes extranjeros aprobada en el país y ha criticado que ninguno de sus “socios” europeos haya participado en los debates sobre la misma ni haya planteado alternativas.
“He trasmitido mi decepción porque, a pesar de numerosas invitaciones, nuestros socios se han mostrado reacios a participar en debates sustantivos sobre la ley de transparencia”, ha expresado Kobajidze tras una conversación acerca de los proyectos de ley sobre la transparencia de la influencia extranjera y sobre la protección de los valores familiares y de los menores, con el presidente de Consejo Europeo, Charles Michel.
En este sentido, el político georgiano ha defendido que el “único objetivo” del proyecto de ley es “promover la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones pertinentes frente a la sociedad georgiana” y ha espetado a su interlocutor que “todavía” no ha “escuchado ningún contraargumento contra esta propuesta de ley”.
“He llamado la atención del presidente del Consejo Europeo sobre la participación activa de organizaciones financiadas desde el extranjero en dos intentos de revolución en Georgia entre 2020 y 2023”, ha afirmado Kobajidze en una publicación en su cuenta de X.
“En este contexto, he enfatizado que la promulgación de la ley de transparencia es un requisito previo crucial para lograr la despolarización, que es la principal recomendación de la Unión Europea”, ha sentenciado el primer ministro georgiano.
Estas declaraciones llegan en un momento de gran tensión en el que miles de manifestantes llevan días tomando las calles de la capital, Tiflis, para protestar contra la polémica norma, aprobada por el Parlamento en segunda lectura este miércoles.
Los manifestantes protestan contra una ley impulsada por el partido gobernante que obligará a registrarse como “agentes de influencia extranjera” a todas aquellas organizaciones, medios de comunicación y entidades similares que reciban al menos un 20 por ciento de su financiación desde el exterior.
Para la oposición, el proyecto replica en Georgia un sistema que ya se utiliza en Rusia y que se ha convertido en herramienta de represión contra la disidencia, si bien el Gobierno justifica que se trata de una mera cuestión de transparencia, sin trasfondo político alguno.