Sigue el conflicto entre instituciones por el informe de la ONU que criticaba la derogación de las leyes de memoria autonómicas y los futuros planes o leyes de concordia de los Gobiernos de PP y Vox, como en el caso de Aragón. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha enviado una carta a las Naciones Unidas aseverando que el informe de la ONU contiene “inexactitudes, falsedades y omisiones” y criticando la ausencia de comunicación de la institución supranacional hacia la DGA.
Azcón muestra en la misiva su malestar por una situación “incomprensible e inédita” como fue la falta de comunicación: “No se nos ha dado trámite de audiencia como parte directamente aludida”. El presidente considera que la puesta en conocimiento habría “evitado la indefensión que ahora nos vemos obligados a invocar”. “Esta exclusión del Gobierno de Aragón socava gravemente la objetividad del informe y la obligada imparcialidad de sus conclusiones”, insiste el líder del Ejecutivo autonómico.
Para Azcón, la falta de conversación entre DGA y la ONU ha hecho que el escrito de las Naciones Unidas contenga “información sesgada e interesada suministrada por el Gobierno de España” y asegura que dicho informe “desvirtúa la realidad y está plagado de inexactitudes, falsedades y omisiones”.
El propio presidente ha respondido a las declaraciones de uno de los autores, Fabian Salvioli, que abría la mano a recibir información por parte de los Gobiernos autonómicos, para asegurar que “tan pronto como nos sea posible”, la DGA hará llegar “un informe a modo de alegación que profundice jurídicamente en todas las cuestiones mencionadas”.
El análisis de “las inexactitudes”
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En cuatro puntos diferenciados, el presidente del Gobierno de Aragón analiza aquellas cuestiones que considera conflictivas del informe emitido por la ONU. En primer lugar, recuerda que las Cortes solo han derogado la ley de memoria autonómica: “Esta ley imponía un relato sesgado y realizaba una interpretación partidista de la historia”. Azcón considera que el anterior texto “relativizaba” los crímenes cometidos durante la Segunda República, “enlazando este período convulso de nuestra historia con el modelo de democracia actual”. El presidente critica también que la definición de víctimas solo se aplicaba “a los que sufrieron muerte y represión por una parte, pero no por la otra”. Azcón señala que el texto normativo “sembraba divisón y confrontación entre los aragoneses”.
Por otra parte, el presidente asegura que la derogación “no invisibiliza las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista”, apelando al preámbulo, en el que se avisa de que se seguirá facilitando información a los ciudadanos. Azcón saca pecho, una vez más, del aumento de un 10% del presupuesto para exhumaciones y recuerda que no se han suprimido ni el portal de memoria democrática ni la información sobre lugares ni el mapa de fosas.
Las ayudas a las exhumaciones en Aragón crecerán un 10% en el futuro plan de concordia
“Las subvenciones a proyectos públicos de memoria histórica no quedan en una situación incierta”, concreta Azcón, que reivindica la justificación de las ayudas, “una imposición legal regulada en la legislación española”.
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Por último, Azcón recalca que Aragón tendrá un plan de concordia y no una ley, como hace referencia el informe. El objetivo “no es invisibilizar a las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista, sino honrar a todas ellas”. En este apartado, el presidente hace referencia también a las víctimas del terrorismo. “El partido al que represento y yo mismo hemos condenado reiteradamente, tanto en el Congreso de los Diputados como en las Cortes de Aragón, el golpe de Estado de 1936 que desembocó en la Guerra Civil y la represión durante la dictadura franquista”, ha concretado Azcón.