Sumar vuelve a disputarle al PSOE la bandera palestina y abre nuevos frentes en el Gobierno de coalición. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lleva desde principios de año tratando de capitalizar esta causa a través de distintas exigencias, peticiones y anuncios que han sido sistemáticamente desoídos por el PSOE. El último, esta misma semana, cuando la dirigente exigió a Pedro Sánchez a aprobar en el Consejo de Ministros del martes el reconocimiento inmediato del estado palestino. Pero el rechazo de Pedro Sánchez a atender estas exigencias ha llevado a implicar al resto de ministros de Sumar. En esta última ocasión ha sido el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quien ha tomado el relevo en esta ofensiva, y lo ha hecho señalando a las empresas españolas asentadas en Israel. Un movimiento que ha provocado la reacción inmediata del Ministerio de Exteriores y Economía, que se han desmarcado del ministro de Sumar.
Desde que estalló el conflicto el pasado octubre, Sumar se ha significado con el pueblo palestino, y su implicación fue in crescendo conforme Israel recrudecía su ataque a la Franja de Gaza, que ya se ha cobrado más de 33.000 víctimas mortales. Desde el pasado diciembre, Sumar viene reclamando al ala socialistas endurecer posiciones hacia el estado israelí e imponerle sanciones, pidiendo también anular los contratos alcanzados con este país que se hubieran firmado antes de los atentados de Hamás del 7 de octubre. Desde entonces han venido presionando por el reconocimiento del Estado palestino. Pero el presidente Pedro Sánchez ha mantenido su propia agenda, y ha tratado de liderar en solitario la causa palestina, protagonizando viajes y declaraciones en apoyo a Palestina a nivel europeo. Una circunstancia que desató la pugna con su socio minoritario de Gobierno para convertirse en la referencia en la defensa de esta bandera.
La exhibición de esas tensiones llegaron a su culmen con la propia Yolanda Díaz, que en febrero anunció un viaje oficial a territorio palestino para mostrar su implicación. Pero la respuesta del ala socialista no se hizo esperar, y desde el Ministerio de Exteriores no tardaron en desautorizar este desplazamiento, que tres meses después de su anuncio todavía no tiene fecha. A día de hoy, la líder de Sumar sigue manteniendo que el viaje se celebrará y ha llegado a amenazar con llevarlo a cabo pese a no contar con el respaldo de Exteriores.
Después de este tropiezo, Yolanda Díaz ha vuelto a protagonizar esta misma semana un órdago fallido al ala socialista del Gobierno, cuando exigió a Sánchez reconocer el estado palestino en el Consejo de Ministros del martes. Pero esta exigencia fue de nuevo ignorada por el presidente del Gobierno, que mantiene su propio calendario sin dejarse influir por su socio de coalición.
Recuperar la iniciativa
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El nuevo desaire ha provocado una reacción inmediata en Sumar, que ha tratado de recuperar la iniciativa desde las competencias que mantienen en el Gobierno. Así, el Ministerio de Derechos Sociales ha sido el encargado de lograr protagonismo en este asunto, anunciando este miércoles el envío de cartas a las empresas españolas asentadas en Israel para pedirles información y a garantizar que no contribuyen a “las flagrantes vulneraciones de Derechos Humanos que el Estado de Israel está cometiendo en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo la Franja de Gaza, contra la población palestina”. Un movimiento que llevaban preparando desde hace tiempo, defienden desde Derechos Sociales, pero que han materializado esta semana, después del órdago fallido de Díaz y en plena precampaña de las elecciones europeas del 9 de junio.
El Ministerio también pide ser informado sobre “las evaluaciones y estudios realizados para evitar los principales riesgos de abusos que pudieran entrañar sus actividades y relaciones empresariales para los derechos humanos”, incluyendo aquí “las consultas a expertos en Derechos Humanos o con grupos potencialmente afectados y con otras partes interesadas”.
Bustinduy también estrecha el cerco sobre estas compañías, instándoles a “rendir cuentas sobre las medidas que están adoptando para prevenir cualquier consecuencia negativa que pueda ocasionar su actividad económica” en la situación que se está viviendo en Gaza y Cisjordania, y les reclama activar mecanismos para informar a sus usuarios de sus actividades, para que estos puedan así “evitar participar directa o indirectamente de las graves violaciones de derechos humanos que está sufriendo el pueblo palestino”.
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El departamento de Sumar se amparaba para lanzar esta petición en una resolución de la ONU de 2016 (consultar aquí), en la que pone el acento en el papel de las empresas y les recuerda “la responsabilidad de respetar los derechos humanos, entre otras cosas, absteniéndose de contribuir a las violaciones de los derechos humanos derivadas de un conflicto”. Esta misma resolución insta a los Estados “a que presten asistencia adecuada a las empresas comerciales para evaluar y afrontar los riesgos de abusos, que son mayores en las zonas afectadas por un conflicto, en particular procurando que sus políticas, legislación, reglamentos y medidas de aplicación aborden eficazmente el riesgo de participación de las empresas en violaciones graves de los derechos humanos”.
La decisión del ministro de Sumar ha llevado a un nuevo roce entre los socios de coalición, con una desautorización por parte del Ministerio de Exteriores y Economía, de quienes dependen las relaciones internacionales y la interlocución con los empresarios. Los departamentos socialistas admitían no haber sido advertidos de este movimiento, pero señalaban que las tesis de Bustinduy no representan al Gobierno, cuya posición en asuntos internacionales depende únicamente de Presidencia del Gobierno.
Reacción de Israel
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El anuncio del ministerio de Sumar también ha despertado reacciones a nivel internacional, y la embajada de Israel en España ha manifestado este miércoles su “total rechazo” a la “falsa acusación difundida por ministros, intelectuales y medios de comunicación de que Israel está cometiendo un genocidio” en la Franja de Gaza. En un comunicado de prensa recibido por este diario, la delegación, dirigida por la embajadora Rodica Radian-Gordon, asegura que “la demonización y deslegitimación de Israel, recurriendo a acusaciones carentes de fundamento da alas a Hamás y a quienes persiguen la desaparición del Estado de Israel”.
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Aunque no dan nombre de ningún medio, intelectual o ministro en concreto, la nota se ha hecho pública el mismo día en que Bustinduy anunció el envío de cartas a las empresas españolas en Israel, denunciando la vulneración de derechos humanos sobre territorios palestinos.