La Comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo rural del Parlamento andaluz debatirá este jueves el dictamen del Grupo de trabajo relativo a medidas urgentes para combatir la sequía y que será aprobado en virtud de la mayoría absoluta que ostenta el PP-A.
Precisamente, el 19 de diciembre de 2023, el grupo de trabajo en sí aprobó su informe relativo a medidas urgentes para combatir la sequía con los únicos votos del PP-A.
El PSOE-A votó en contra del informe y Vox se abstuvo, mientras que los grupos Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía no asistieron a la reunión en la que se produjo la votación.
El citado informe considera fundamental mejorar las redes de distribución del agua para evitar pérdidas, sobre todo, en la industria y los hogares.
“Las redes de distribución de agua son manifiestamente mejorables y pierden un importante porcentaje de la que transportan, de manera que la industria y los hogares deben optimizarse para hacer un uso eficiente del agua y necesitan una evolución y mejora”, según se indica en el informe, consultado por Europa Press.
Se añade que no se ha producido una completa digitalización en el agua, ni a nivel de usuarios ni de administraciones públicas y, como consecuencia de ello, “en plena sociedad del conocimiento, no se dispone de información completa sobre el uso del agua, así como sobre las pérdidas que se producen en las redes de distribución por fugas, roturas o filtraciones”. Por ello, es imprescindible “seguir avanzando por usuarios y administraciones públicas en esta materia”.
El informe recalca que la amenaza de la escasez de recursos hídricos está provocando la necesidad de medidas de ahorro en el uso del agua en la agricultura y en el abastecimiento de muchos núcleos de población de Andalucía.
Se apunta la necesidad de “acometer por parte de las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, la renovación de infraestructuras del agua, como la construcción de otras nuevas, y aumentar su resiliencia”.
Según el informe, las administraciones públicas, en el marco de sus competencias, tienen que seguir adoptando y ejecutando actuaciones y medidas para paliar la sequía, y la ciudadanía y los sectores productivos tienen que actuar en consecuencia, con conciencia de la grave situación existente y de la necesidad de las medidas de ahorro.
Asimismo, se considera imprescindible que se ejecuten las infraestructuras hidráulicas de interés general del Estado “pendientes en Andalucía desde hace muchos años”, y que la Unión Europea reconozca la singularidad andaluza debido a su déficit hídrico y trace una estrategia a corto y medio plazo que facilite la cohesión y la convergencia, con mecanismos que permitan a la comunidad dotarse de los recursos necesarios para adaptarse a esta situación climática.
Se aboga por un “gran acuerdo nacional del agua en el que se incluya, entre otros, un plan de acción presupuestariamente cuantificado y a medio y largo plazo”.