Frente al independentismo y la crisis territorial, políticas de “convivencia” y “progreso social”. Esta es la receta que viene esgrimiendo el Gobierno de Pedro Sánchez desde su llegada a La Moncloa en 2018 y que tras las elecciones catalanas los socialistas se sienten legitimados para reivindicarla más fuerza. No solo eso, sino que en Ferraz se han lanzado a contraponer su “patriotismo útil” para encarar el conflicto territorial frente a la oposición a la que se acusa de un “patriotismo de pulserita” rehuyendo o, incluso, tratando de “exacerbar” estos problemas. Si la agenda social y desjudicialización de la política catalana son las vías que los socialistas asocian con la holgada victoria del PSC y la ruptura de la mayoría independentistas, entierran con más ímpetu también las soluciones de los partidos separatistas que busquen “dividir” y piden un cambio de paradigma.
Tras saltarse la línea roja de la amnistía, los esfuerzos del Gobierno por negar cualquier concesión futura sobre un referéndum o algún tipo de consulta independentista no despejaron la desconfianza alimentada por la oposición. Ahora, los socialistas quieren recuperar esa credibilidad y hasta disputar su españolidad a PP y Vox. “España está más unida que en 2017”, defendía este viernes Pedro Sánchez durante una entrevista en ‘La Sexta’ para arrogar a su apuesta política de “perdón y regeneración” la apertura de un “tiempo nuevo” en Cataluña que dejaría atrás el ‘procés’.
El debate territorial que asomó tras los acuerdos de investidura, con compromisos tanto con PNV como con Junts y ERC de avanzar en el “reconocimiento nacional” de Euskadi y Cataluña, se orilla así para anteponer la agenda social. Como argumentaba Sánchez en la misma entrevista, la primera tras las elecciones catalanas, los líderes independentistas “tienen que asumir la realidad” de que “no hay mayoría independentista”. En lo referente al ámbito del reconocimiento nacional, Junts dejó por escrito en los acuerdos de investidura que su propuesta pasaba por “la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución”.
Si bien su fuerza en el Congreso sigue siendo imprescindible para garantizar la gobernabilidad a Sánchez, por lo pronto el Ejecutivo ha decidido aparcar las mesas de negociación con Junts y ERC con el argumento de que primero deben resolver estas organizaciones en su debate interno quienes serán sus interlocutores. A la renuncia de Oriol Junqueras de la presidencia de ERC se suma que Carles Puigdemont, quien acudió a la última reunión en Ginebra con el PSOE, vinculó su continuidad en la primera línea política a ser “restituido” como ‘president’. Además, si finalmente Salvador Illa logra ser investido ‘president’, la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat quedaría desprovista de cualquier debate sobre un nuevo encaje territorial de Cataluña.
La otra gran carpeta pendiente de los acuerdos de investidura con Junts y ERC, una vez aprobada la amnistía, es la de la financiación. Un asunto que antes de las elecciones catalanas las formaciones independentistas ya trataron de vincular a la negociación de los Presupuestos. Los posconvergentes apostaron en el pacto de investidura por la modificación de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA) para la cesión “del 100% de todos los tributos”, mientras que los republicanos desgranaron una propuesta de financiación “singular” siguiendo un esquema similar al de Euskadi y Navarra. Iniciativas que dentro del PSOE generan un rechazo comparable al de las propuestas de referéndum.
Restañar heridas antes del congreso
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El PSOE busca legitimar su hoja de ruta para neutralizar el discurso de la oposición sobre las consecuencias para unidad territorial de sus pactos con los independentistas. A corto plazo, de cara a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, pues el rechazo a la amnistía sigue siendo mayoritario fuera de Cataluña y Euskadi, pero también para intentar restañar las heridas internas. Algo no menos importante cuando el PSOE tiene previsto celebrar su congreso federal el próximo año. Y si algo causa intranquilidad en las federaciones socialistas son los límites del debate territorial, por las asimetrías o desigualdades que pueda generar entre territorios.
El marco del PSOE se sitúa en el reconocimiento de las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias concretas, como la lengua propia, la cultura, la foralidad, los derechos históricos, la insularidad, la organización territorial o peculiaridades históricas de derecho civil. Los socialistas tienen bien definidos sus límites respecto a este asunto en las resoluciones de sus congresos rechazando el marco plurinacional o el reconocimiento de “naciones”. El mismo PSC, en su último congreso, se ciñó a defender Cataluña como “nacionalidad” -en la línea de la Constitución- y no como nación como sí hizo en cónclaves anteriores.
Bildu reactiva el eje nacional
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El freno al debate territorial choca con el nuevo ímpetu de EH Bildu por rescatar este eje programático tras disparar sus apoyos en los comicios vascos. Su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ya reclamó a Sánchez tras abrir el debate sobre regeneración democrática que incluyese la pata de los “derechos nacionales”. “Empujaremos y trabajaremos para adoptar todas las medidas que nos permitan levantar la hipoteca del régimen del 78 que niega nuestros derechos nacionales y sociales para ser así dueños de nuestro futuro”, aseguró entonces reclamando “hechos y no palabras”.
En Moncloa entienden que la izquierda abertzale subirá el precio de sus acuerdos para los Presupuestos después de su resultado en las elecciones vascas, habida cuenta además de que no firmaron ningún acuerdo de investidura. Sin embargo, consideran firme su posición de no hacer caer a un Gobierno progresista. Otra cuestión serán las presiones para mantener su apoyo si reactivan el eje nacional y el efecto contagio al PNV por la competición entre ambas formaciones. El líder de Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, viene insistiendo a los jeltzales en la necesidad de avanzar en el “estatus político” de Euskadi para “aprovechar la ventana de oportunidad del Estado”.
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Si se evita una repetición electoral de las catalanas, como confían en Ferraz y Moncloa, la legislatura se despejaría de procesos electorales hasta febrero de 2026, cuando están previstas las autonómicas de Castilla y León. Los Presupuestos serían entonces el principal hito para calibrar el alcance de la legislatura. Por ello, el Gobierno no tiene previsto retomar las negociaciones hasta resolverse la gobernabilidad en Cataluña.
