El Gobierno no traslada muestras de preocupación tras los primeros movimientos de los jueces del ‘procés’ coincidiendo con la entrada en vigor de la ley de amnistía. Entienden que la norma “es muy clara”, como se encargó de repetir la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De ahí que insistan en que ahora toca aplicarla a los jueces, resaltando que la norma “cumple con una misión”. Esto es, la “mejora de la convivencia” en Cataluña y la desjudicialización del ‘procés’.
Fuentes de Moncloa son más claras al respecto para advertir que “los jueces, cuando la apliquen, tienen que tener en cuenta la voluntad del legislador”. En este sentido, añaden que el “objetivo es claro”. Las mismas fuentes minimizan así la providencia del juez Llanera en la que comunica a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que “continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención” de los cuatro procesados declarados en rebeldía y que adoptó en el auto de enero de 2023, cuando adaptó el procesamiento de los huidos a la derogación del delito de sedición y se modificó la malversación, “por lo que deben proceder a su cumplimiento, mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas”.
Según explican, Llanera solo ha recordado que había una instrucción en marcha, aunque entienden que “se la podría haber ahorrado”. Eso sí, piden esperar al plazo de cinco días que ha dado a las partes para que presenten su informe y así pronunciarse también sobre las diversas medidas cautelares personales”, dando por hecho que estas órdenes se levantarán.
La también ministra de Educación y Deportes ha dado a entender que el Gobierno no se plantea otros cambios legales para acelerar o garantizar la aplicación de la norma en los términos pactados con los independentistas. “El Gobierno ya ha hecho su trabajo, el Parlamento también, y la ley ya está aprobado y tras su entrada en vigor corresponde a los jueces su aplicación”, ha concluido.
En términos similares se manifiestan desde Moncloa, al argumentar que la ley “entró constitucional” en el Congreso y “saldrá constitucional” ante los recursos ya anunciados por parte de la oposición. El procedimiento parlamentario hasta la aprobación de la norma ya se alargó en parte por la introducción de enmiendas para intentar blindar la norma ante los jueces, y los socialistas siempre pusieron sus líneas rojas para tratar de preservar su constitucionalidad.
Publicación en el BOE
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En el convencimiento por parte del Gobierno de que la norma se aplicará según la voluntad del legislador, fuentes del Ejecutivo limitan también el impacto del anuncio de los fiscales que participaron en el juicio contra los líderes independentistas sobre que se opondrán a considerar que la ley afecte al delito de malversación. En ese caso, consideran que no deben revocarse las órdenes de detención que hay contra Carles Puigdemont, los ‘exconsellers Toni Comín y Lluís Puig y la secretaria general de ERC, todos ellos en manos de Llarena, aunque esta última solo está procesada por desobediencia. Si no fuera así, consideran que el Supremo debe dirigirse al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea antes de aplicar la amnistía a los condenados.
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Sobre los tiempos en la publicación de la norma en el BOE, doce días después de su aprobación definitiva por parte del Congreso de los Diputados, Alegría ha defendido que se trata un procedimiento normal. “Como ha sucedido con la publicación de otras leyes en el BOE”, concluyó después de que el PP lo calificase como una estrategia de aplazamiento para no perjudicar sus intereses electorales durante la campaña de las europeas.