Casi todo en esta legislatura depende de Cataluña. Necesitado como está de contar con ERC y Junts en cada una de las votaciones del Congreso, sin posible recambio a menos que atraiga al PP o a Vox, el mandato de Pedro Sánchez arrancó marcado por la negociación de la amnistía del ‘procés’. La coalición del PSOE y Sumar se puso enseguida a trabajar en los Presupuestos Generales del Estado para 2024. Hubo momentos a principios de este año en los que desde el Ministerio de Hacienda se deslizó que la presentación era inminente. Pero Cataluña volvió a condicionarlo todo. El adelanto electoral de Pere Aragonès provocó que el Gobierno asumiera que en esas condiciones era imposible aprobar el proyecto, porque ni republicanos ni posconvergentes iban a querer pactar, renunciase a las cuentas de este año y se enfocara en las del próximo. Solo que ahora estas también peligran.
El vértigo ante una posible repetición electoral en Cataluña cotiza al alza en la Moncloa y la dirección del PSOE. Los colaboradores de Sánchez insisten en que hasta el próximo 26 de agosto (la fecha límite antes de la convocatoria de nuevos comicios) queda tiempo para lograr la investidura de Salvador Illa, que el pasado 12 de mayo ganó con claridad la contienda en las urnas, logrando 42 de los 135 diputados del Parlament y acabando por el camino con la mayoría independentista.
Una sensación de profundo alivio recorrió entonces las filas socialistas. El resultado demostraba que la amnistía había contribuido a rebajar la pulsión separatista, como siempre había sostenido Sánchez frente al PP. “Todos los caminos” conducían al líder del PSC, que necesita pactar con los Comuns, algo que se da por descontado, pero también con ERC, un apoyo que en los últimos días parece cada vez más complicado. Descartada la abstención de los socialistas catalanes para permitir que Carles Puigdemont regrese al Palau de la Generalitat, la única alternativa a la investidura de Illa es la repetición de las elecciones catalanas. Y en ese caso, la aprobación de los Presupuestos del año que viene sería casi imposible, ensanchando el debate sobre la viabilidad de una legislatura que hasta el momento apenas ha aprobado leyes.
Tanto en Ferraz como en la Moncloa siguen inclinándose por la hipótesis de que no habrá nuevos comicios, pero deslizan un mensaje con cierto tono retador: “Si alguien provoca una repetición electoral, debe saber que las urnas ya hablaron dos veces en tres semanas en la misma dirección”. En la cúpula socialista ponen énfasis en que “no parece lógica” una convocatoria de este tipo porque ratificaría la pérdida de apoyos al bloque independentista. La tendencia a la desmovilización de su electorado parece clara, con una bajada de votos desde las generales que cristalizó en los comicios catalanes con la pérdida por primera vez en democracia de la mayoría nacionalista, después independentista. Las europeas vinieron después a confirmar este escenario.
La presidencia del Parlament
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Mientras dan “autonomía” a Illa para sus negociaciones, los socialistas reconocen que los últimos movimientos de ERC no invitan al optimismo. Sobre todo, por haber pactado con Junts la presidencia del Parlament, que recaerá sobre el posconvergente Josep Rull. Pero también por la crisis orgánica en la que se han sumido los republicanos tras sus pobres resultados (20 escaños), con Oriol Junqueras momentáneamente retirado de la sala de mandos para recuperarla en el congreso que se celebrará en otoño y el partido en manos de Marta Rovira, a quien se considera menos proclive a facilitar la llegada del PSC a la Generalitat.
Aun así, en la Moncloa mantienen su apuesta por un acuerdo que permita la investidura de Illa. Más allá de guiños como el que lanzó la vicepresidenta María Jesús Montero, abriendo la puerta a un “tratamiento especial” de Cataluña dentro del sistema general de financiación autonómica, que no saldrá adelante sin el concurso del PP, los socialistas siguen confiando en que ERC, al final, optará por la decisión de “sentido común” y no se expondrá a unas nuevas elecciones que en principio contribuirían a socavar todavía más su suelo.
Lo que en este contexto de negociaciones ofrece el Gobierno es similar a lo que se ponía sobre la mesa antes incluso del adelanto electoral de las catalanas. Esto es, la condonación parcial de la deuda a Cataluña, extensible a otros territorios, y el reconocimiento de la “singularidad” de esta comunidad por sus competencias propias para recalcular su financiación. Eso sí, dentro del marco multilateral de la reforma del modelo de financiación autonómica.
El precio de un pacto
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Desde Hacienda dicen estar más centrados ahora mismo en la elaboración de los Presupuestos que en negociaciones sobre la financiación. Si por un lado se ignoran las presiones de Junts, por otro se limitan los guiños a ERC para no asumir que el acuerdo entre los independentistas para la Mesa del Parlament haya subido el precio del apoyo de los republicanos a la investidura de Salvador Illa.
“Estoy convencido de que habrá Gobierno en Cataluña y no iremos a una repetición”, dijo Sánchez el jueves. Pero “en todo caso”, añadió, su hoja de ruta para la legislatura no se verá alterada. “Son tres años los que tenemos por delante para seguir implementando políticas progresistas, de derechos, de empleo y también de convivencia y compromiso con la paz en el escenario internacional”, subrayó.
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Pasadas las europeas, que los socialistas interpretan como una derrota de Alberto Núñez Feijóo en su intento de plebiscito sobre Sánchez, la Moncloa quiere centrarse ahora en la gestión, acelerando la agenda legislativa con iniciativas de calado. Fundamentalmente, tres. La reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana sin que mengüe el salario, una medida que protagonizará Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, quien necesita recuperar capital político tras su renuncia a continuar como líder de Sumar a raíz del batacazo en las elecciones a la Eurocámara. El plan de “regeneración democrática”. Y los Presupuestos del año que viene. Pero casi todo se verá condicionado por lo que acabe ocurriendo en Cataluña.