La cúpula fiscal aborda mañana un "ajustado" debate para fijar criterio sobre la aplicación de la ley de amnistía

La Junta de Fiscales escuchará a los fiscales del ‘procés’ y al fiscal general, que podrá hacer valer su postura

La Junta de Fiscales se reúne este martes para abordar un “ajustado” debate y fijar criterio sobre la aplicación de la ley de amnistía ante la discrepancia entre el fiscal general, Álvaro García Ortiz, que aboga por amnistiar a los encausados del ‘procés’, y los fiscales encargados de la causa en el Tribunal Supremo, que se oponen a perdonar la malversación, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont.

La diferencia de criterios parte de que García Ortiz defiende que, tras la entrada en vigor de la ley, “procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados”, lo que incluye la orden nacional de detención activa contra Puigdemont.

Por su parte, los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena consideran que es “improcedente” amnistiar la malversación del ‘procés’ que se le atribuye a Puigdemont, a los exconsejeros procesados en rebeldía, al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y a los condenados.

Los cuatro entienden que todos tuvieron ánimo de lucro y afectaron a los intereses financieros de la UE, lo que –según la propia ley– excluye dichas conductas de ser amnistiadas. Consideran que es “indudable” que Puigdemont y el resto de encausados “sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar contra las decisiones del Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un proyecto inconstitucional de desintegración de España”.

García Ortiz insiste en que la malversación del ‘procés’ se puede amnistiar porque el perjuicio patrimonial para la Administración que causaron los encausados no es equiparable al “enriquecimiento personal de carácter patrimonial”. El fiscal general y los cuatro fiscales del Supremo coinciden en que es viable perdonar la desobediencia y los desórdenes públicos.



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