El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este martes un plan para regularizar la situación de las parejas de ciudadanos estadounidenses que no tienen la nacionalidad, una iniciativa de la que podrán beneficiarse más de medio millón de personas.
El plan de Biden para “mantener juntas a las familias estadounidenses” permitirá que estas personas puedan obtener el estatus de residencia permanente sin necesidad de salir del país, con vistas a “promover la unidad familias y reforzar la economía” norteamericana.
La medida aspira a llegar a unas 500.000 personas casadas con ciudadanos estadounidenses y a alrededor de 50.000 de sus hijos, con un máximo de edad de 21 años. El Gobierno establece como requisitos que hayan residido al menos diez años en Estados Unidos antes del 17 de junio de 2024.
La Casa Blanca ha resaltado en un comunicado que, aunque “el presidente Biden cree que asegurar la frontera en esencial”, también considera que forma parte del “tejido social” de Estados Unidos “ampliar las vías legales y mantener juntas a las familias”, habida cuenta de que estas personas también “pagan impuestos y contribuyen a sus comunidades”.
De hecho, parte del foco de estos nuevos cambios se centra en los denominados ‘dreamers’, personas que llegaron a Estados Unidos cuando aún eran niños y a los que Washington quiere “sacar de las sombras”. Las autoridades facilitarán que puedan recibir “más rápidamente” visados de trabajo si tienen estudios superiores y cuentan con un empleo.
Mensaje a los republicanos
[–>
La migración está llamada a ser uno de los grandes ejes de la campaña para las elecciones de noviembre y Biden ha aprovechado estos últimos anuncios para instar al Congreso a contribuir, dado que considera que el sistema migratorio está “roto”. Sin embargo, el Gobierno federal cree que los republicanos “anteponen la política de partido a la seguridad nacional”.
[–>
Asimismo, la Casa Blanca ha repasado algunas otras medidas adoptadas desde la Administración para reducir la llegada de migrantes, entre ellas los límites a la concesión de asilo para quienes entre en el país de manera ilegal y el refuerzo de las medidas de seguridad en la frontera.