Incumplimiento generalizado de la ley que obliga a crear zonas libres de tráfico contaminante en las ciudades. Este 30 de junio terminó el plazo para implementar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y tan sólo 19 ciudades han aplicado esta medida, mientras que 113 se encuentran todavía en tramitación “por desinterés e inacción” y otras 20 se niegan directamente a hacerlo, según ha informado la entidad Clean Cities en un comunicado.
Entre los motivos que explican la razón por la que muchos ayuntamientos no cumplen esta obligación legal figuran la “falta de interés, la desafección y las razones político-partidistas”, según esta organización que impulsa y monitoriza la descarbonización del tráfico en las ciudades. Esta actitud pasiva o beligerante hacia las ZBE ha provocado que más de 100 ciudades españolas vivan en una situación de ilegalidad.
“Se vive en un continuo estado de reto entre algunos ayuntamientos y el Gobierno que está poniendo en peligro la salud de las personas, la buena reputación de España en la gestión de los fondos europeos y la necesidad de mejorar nuestras ciudades para hacerlas más saludables y habitables mejorando su calidad del aire y dando más espacio a las personas y la naturaleza”, han destacado desde la organización.
El tráfico causa miles de muertes por contaminación en España / Agencias
En concreto, el plazo que daba esta ley a 151 ciudades españolas se cumplió el 1 de enero de 2023, pero debido a la dejadez de los ayuntamientos y por el Real Decreto aprobado en diciembre de 2022, se permitió que aquellas zonas establecidas con fecha anterior a su entrada en vigor tendrían que revisarse en un plazo máximo de 18 meses, y debido a que tan sólo 15 de ellas tenían activa alguna zona de estas características, todas se aferraron a este aplazamiento.
Proteger las ciudades
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Sin embargo, el 30 de junio se cumplió el tiempo para aplicar ZBE, una herramienta muy extendida en Europa y que tiene como objetivo mejorar la calidad del aire, así como preservar la salud de las personas y mitigar el cambio climático, sobre todo en zonas urbanas.
El Plan de Recuperación dotó de 1.500 millones de euros para la implantación de Zonas de Bajas Emisiones y otras medidas de movilidad sostenibles. Ahora, debido a los retrasos acumulados o modificaciones de proyectos estas ayudas podrían convertirse en multas económicas y en un problema de reputación de España en la gestión de los fondos europeos, según Clean Cities.
Municipios obligados por ley a crear ZBE / Agencias
Los vehículos no solo emiten CO2 a la atmósfera, sino también óxidos de nitrógeno y micropartículas que deterioran la calidad del aire y dañan la salud. Un problema que en España provoca 30.000 muertes prematuras y hace que, según un informe de Ecologistas en Acción, casi 33 millones de personas estuvieran expuestas a niveles de contaminación en 2023 que exceden los límites aprobados por el Parlamento Europeo para 2030.
Desde ECODES, una organización que forma parte de Clean Cities, animan a los responsables municipales a implementar estas zonas de forma efectiva, así como apoyar opciones de movilidad más eficientes y con menor impacto sobre las personas además de cambiar los coches de gasolina y diésel por los eléctricos.
El ministro afirma que no hay previstas sanciones
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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, lamentó la semana pasada el incumplimiento en este momento “masivo” por parte de los municipios de la obligación de implantar las zonas de bajas emisiones.
Puente explicó que el Gobierno ha puesto a disposición del resto de administraciones los recursos necesarios, pero ello “no impide que, en determinado casos, la experiencia nos demuestre que de nada sirve allegar recursos si falta voluntad política para utilizarlos y, lamentablemente, eso es lo que está sucediendo por ejemplo con el caso de las zonas de bajas emisiones”.
ZBE de Madrid / Agencias
“No podemos cerrar los ojos ante la realidad que, muy a nuestro pesar, es que no se están implantando por la ausencia de un régimen sancionador“, es decir, existe la obligación que se estableció en la ley de cambio climático, pero no se han previsto las consecuencias del incumplimiento, ha detallado.
A juicio del ministro, “quizá hubo una enorme ingenuidad en el legislador cuando estableció la obligación de implantar estas zonas de bajas emisiones, pero no pensó que podía producirse un incumplimiento, en este momento masivo, por parte de los municipios”.
Hay ciudades que han optado directamente por no establecerlas y otras que, aunque lo han hecho, de lo que se han abstenido es de poner multas a los incumplidores o han hecho unas zonas de bajas emisiones “tan tremendamente reducidas que ni siquiera sirven para el objetivo para el que estaban pensadas”, ha añadido.
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Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es