La Corte Suprema de Estados Unidos ha revocado la decisión Chevron, un elemento básico del derecho administrativo, asestando así un golpe contra el poder y la autoridad de todas las agencias federales, incluida la Agencia de Protección Ambiental.
El fallo, en los casos de Loper Bright Enterprises v. Raimondo y Relentless v. Department of Commerce, marca la culminación de la revolución conservadora en la corte, sumándose a decisiones históricas recientes que anulan los derechos al aborto, prohíben la acción afirmativa, amplían los derechos de armas y más.
Aunque hasta hace poco el precedente de Chevron, de 40 años de antigüedad, era en su mayoría desconocido para los no abogados, revocarlo tendrá profundas consecuencias para el sistema legal y todo el aparato de gobierno a través de la regulación.
La idea básica del principio Chevron era que, cuando una ley federal es ambigua, el organismo encargado por el Congreso de aplicarla debería ser el primero en interpretar la ley. Los tribunales se atendrían entonces a la interpretación del organismo siempre que fuera razonable. La intención y el efecto del principio Chevron era tratar a los organismos como lo que son: expertos en el área sustantiva que les asigna el Congreso.
Por ejemplo, la EPA tiene una gran experiencia en el ámbito medioambiental, de modo que, bajo el mando de Chevron, la EPA obtendría deferencia de los tribunales a la hora de interpretar la legislación medioambiental. Por esa razón, Chevron tenía mucho sentido práctico. La EPA ya tiene autoridad del Congreso para elaborar normas medioambientales, de modo que también le resultó eficaz poder hacer que leyes ambiguas se ajustaran a esas normas.
Leyes altamente técnicas
Desde el principio, la dificultad jurídica con Chevron fue que convertía a las agencias, no a los tribunales, en los intérpretes más importantes de la ley. En general, a los tribunales no les gusta ceder su autoridad para interpretar la ley. Marbury v. Madison, la famosa decisión temprana de la Corte Suprema que es la base de toda revisión judicial moderna, dice que “es enfáticamente la competencia y el deber del poder judicial decir cuál es la ley”. Las agencias son parte del poder ejecutivo, no del poder judicial.
Por eso siempre resultó un tanto anómalo que los tribunales se sometieran a las interpretaciones legales de las agencias en el marco de Chevron, en lugar de decidir por sí mismos los casos legales. Pero el estado administrativo moderno es complejo. Aplicar las vagas directivas del Congreso puede ser una tarea sumamente técnica, tal vez mejor realizada por expertos en la materia que por jueces. Visto en ese contexto, Chevron fue una de las mayores declaraciones de modestia en la historia del derecho estadounidense.
En una opinión del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, la mayoría conservadora ha arrancado oficialmente ese velo de modestia y lo ha reemplazado por un poder de supervisión directa.
Roberts argumentó que la Ley de Procedimiento Administrativo nunca autorizó específicamente, y mucho menos ordenó, a los tribunales a respetar las interpretaciones estatutarias de las agencias. La lógica jurídica formal de Chevron siempre se basó en la inferencia implícita de que el Congreso pretendía que los tribunales respetaran a las agencias. La opinión de Roberts sostenía que la inferencia implícita “no se aproxima a la realidad”.
En su opinión discrepante, la juez Elena Kagan, ex profesora de derecho administrativo, repitió los argumentos a favor de Chevron, argumentos que han sido ortodoxos a lo largo de su carrera jurídica. El más poderoso es que el Congreso no puede gobernar por sí mismo asuntos regulatorios complejos. Necesita agencias y su experiencia. Interpretar la ley y promulgar regulaciones son partes clave del ejercicio de la experiencia de las agencias. Y agregó, correctamente, que revocar la decisión de Chevron es una burla del principio de que se deben respetar los precedentes.
En la práctica, la mayoría conservadora derrocó a Chevron porque desconfía de las agencias y quiere dar poder a los tribunales.
Momento decisivo
Esto marca un momento decisivo de cambio en la ideología básica del movimiento jurídico conservador contemporáneo. El líder intelectual más importante de ese movimiento fue el difunto juez Antonin Scalia, que fue profesor de derecho administrativo antes de ocupar el cargo. Scalia apoyó a Chevron porque creía fundamentalmente en la moderación judicial, y Chevron dio a los jueces menos poder, no más.
Pero hoy, con una mayoría duradera de 6-3, los conservadores legales en su mayoría consideran que el valor de la moderación judicial es algo pasado de moda, incluso ingenuo. Los liberales, sabiendo que no controlarán una mayoría de la Corte Suprema durante muchos años, ahora están en la posición de defender la moderación judicial y el apego a los precedentes.
Cabe destacar, entonces, que la opinión fue escrita por Roberts, el único conservador para quien la moderación judicial sigue siendo un ideal. Por lo general, a Roberts le gusta debilitar las viejas doctrinas que no le gustan en lugar de revocarlas por completo. Es difícil escapar a la conclusión de que Roberts cree que, a diferencia del aborto o las armas, la interpretación de estatutos ambiguos por parte de las agencias no es un tema que lleve al público a las barricadas.
Roberts probablemente tenga razón en lo que respecta al público, pero los ambientalistas y otros defensores de la seguridad ahora están muy alertas de que, incluso bajo un presidente demócrata, a los tribunales conservadores les resultará más fácil que nunca revocar las acciones de las agencias que no les gustan.
Chevron fue una doctrina inaugurada por los jueces de la Corte Suprema hace cuatro décadas. Ahora ha muerto a manos de jueces muy diferentes. Así es como se ve una revolución.
Noah Feldman es columnista de Bloomberg Opinion y profesor de Derecho en la Universidad de Harvard. ©2024 Bloomberg. Distribuido por Tribune Content Agency.