La decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la ley de amnistía en el delito de malversación y, por tanto, mantener vigente la orden de detención contra Carles Puigdemont, llegó este lunes cuando Alberto Núñez Feijóo presidía un acto acompañado de casi todos los presidentes autonómicos del PP en Salamanca. La estampa no podía ser más clara: todo el poder territorial de los conservadores concentrado y exhibiendo una alternativa de Gobierno a Pedro Sánchez. Los mismos barones populares que ultiman sus recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía -el partido a nivel nacional presentará uno propio- y cuyos servicios jurídicos incorporarán las claves del fallo del Supremo para reforzar su posición contra la norma, según explican a este periódico.
Distintos dirigentes territoriales del PP reconocían que los argumentos del Alto Tribunal “son esenciales” para sus recursos porque ponen negro sobre blanco lo que vienen defendiendo durante tanto tiempo: que la malversación no podía ser perdonada a pesar de las distintas correcciones que el propio Gobierno, de la mano de los independentistas, hizo en la ley. El Supremo insiste en que en la malversación incurren las dos excepciones que preveía la norma: que el delito se realizara con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afectara a los intereses financieros de la Unión Europea.
Las CCAA del PP llevan tiempo trabajando sobre los recursos y ya anticipaban que la malversación tendría mucho protagonismo en sus textos. Pero el hecho de que el Supremo haya sido tan claro -ni siquiera ha optado en este caso por presentar una cuestión prejudicial a Europa porque entiende que no hay nada que consultar al respecto- apuntala todavía más las exposiciones que harán los servicios jurídicos regionales.
Feijóo y los presidentes autonómicos recibieron la noticia del Alto Tribunal y el auto judicial en pleno acto en Salamanca. Algunos de ellos lo comenzaron a leer allí mismo. El fallo advierte de que “los objetivos personales” para los que se destinaron el patrimonio común pueden ser también políticos, y recalca que “hicieron con el patrimonio ajeno que les estaba confiado lo que no pudieron o no quisieron hacer con el suyo”. Además, el Supremo incide en lo “difícil que es conciliar el esfuerzo de la Unión Europea por eliminar márgenes de impunidad para los malversadores” con “la voluntad del legislador español de dispensar un tratamiento excepcional y personalizado a unos delitos de especial gravedad por el hecho de que los hayan cometido responsables políticos”.
Este párrafo, reconocen fuentes del PP, es “demoledor” y también será en lo que incidan las CCAA en sus recursos, que además pondrán de relieve la ruptura de la igualdad que implica la ley de amnistía con el resto de territorios -los que ellos dirigen- y todos sus ciudadanos.
Como publicó este diario, en Génova -donde preparan el recurso a nivel de partido nacional a través del grupo parlamentario en el Congreso- tienen especial confianza en los recursos de sus comunidades, ya que lo harán de forma individual dejando un mensaje muy potente encima de la mesa: una docena de recursos de los distintos territorios, con expertos jurídicos y funcionarios del Estado de cada comunidad que podrían poner en serios aprietos al Tribunal Constitucional.
Los presidentes autonómicos reconocían ayer en Salamanca que decidieron no presentarlo de forma automática -a pesar de que lo anunciaron hace ya semanas, siendo Isabel Díaz Ayuso la primera en avanzarlo- precisamente porque todos los servicios jurídicos aconsejaban dejar pasar un poco de tiempo una vez aprobada la ley. La primera prueba de “lo importante que era esperar”, recalcaban este lunes, era precisamente este fallo del Supremo. “Lo importante es que van a estar muy trabajados. No hay que tener prisa, sino acertar“, explican en los equipos de distintos presidentes.
Que se suma, dicen, al de los letrados de la comisión de justicia del Congreso; el del Senado; el informe del Consejo General del Poder Judicial; las manifestaciones de distintos grupos funcionariales del Estado -desde inspectores de Hacienda a los fiscales del procés-. Una retahíla de visiones contrarias a la ley de amnistía que figuran en los recursos autonómicos, tan centrados en la “clarísima ruptura del principio de igualdad” que ven los barones del PP.
“Lo de la malversación era muy, muy complicado de meter en la ley. Por mucho que lo repitieran y que intentaran redactarlo. En Europa esto no se puede ni explicar”, repetían presidentes autonómicos, y también en la dirección nacional. En Génova consideran que los independentistas “han vuelto a ser engañados” por Sánchez, dando por hecho que ERC y Junts consideraban segura “una amnistía que no se podía garantizar”.
“Le complica las cosas a Salvador Illa”
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El otro mensaje que comienza a extenderse por todos los territorios gobernados por el PP es que el fallo del Supremo añade “dificultades” a la futura investidura de Salvador Illa en Cataluña. Los populares creen que sin amnistía los independentistas de ERC -que, además, se ve directamente afectada por la malversación- tienen muy complicado justificar ante sus bases un apoyo al candidato socialista para la Generalitat.
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Hasta el punto de que tanto los barones como en la cúpula conservadora vieron “más cerca” la repetición electoral en el mes de octubre tras lo ocurrido ayer. “Es complicado ver ahora otra opción”, reconocen.