El Gobierno intentará dar este miércoles un paso adelante en su propuesta para el reparto obligatorio de menores migrantes entre las comunidades autónomas, uno de los temas que abordará el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en su primera visita oficial a Melilla.
La ciudad autónoma es, precisamente, una de las regiones españolas que históricamente ha sufrido una mayor presión asistencial de menores extranjeros no acompañados al compartir frontera con Marruecos, país del que procede la mayor parte de la inmigración infantil hacia España.
De hecho, el Gobierno de Melilla, presidido por el PP, ya apelaba hace años a la solidaridad del resto de regiones para que acogieran parte de los menores que tenía acogidos en sus centros de protección, debido a la saturación que sufría, al igual que está ocurriendo actualmente en Canarias y en Ceuta.
Hasta tal punto, que el Consejo de Gobierno de Melilla primero, y la Asamblea poco después, llegaron a aprobar a principios de 2019 una propuesta para modificar la Ley de Protección Jurídica del Menor con la incorporación de una disposición adicional sobre las especificidades de Ceuta y Melilla, de modo que se diera prioridad a la devolución de los menores a sus países de origen en un plazo máximo de tres meses.
Aquella propuesta impulsada desde Melilla planteaba que la Administración General del Estado se hiciera cargo de garantizar el adecuado amparo de los menores y que, si en el plazo máximo de tres meses no se hacía efectivo el retorno de los menores a sus países de origen o de tránsito, tuvieran que ser trasladados, necesariamente, a otros centros de acogida del territorio nacional.
Cinco años después, la situación ha cambiado en Melilla, donde no hay tanta presión asistencial en sus centros de menores, sobre todo desde las mayores restricciones en la frontera terrestre, ya que los ciudadanos de Marruecos necesitan desde 2022 un visado para pasar a la ciudad autónoma, lo que empuja a algunos de sus jóvenes a intentar acceder de manera irregular, sobre todo a nado.
Por el momento se desconoce la postura del Gobierno de Melilla ante la propuesta de reparto obligatorio de menores que el Ejecutivo central y el de Canarias quieren sacar adelante mediante una reforma de la Ley de Extranjería.
La vicepresidenta segunda y portavoz de la Ciudad Autónoma, Fadela Mohatar, apuntó a principios de esta semana que darían a conocer su opinión al respecto tras reunirse con el ministro de Política Territorial, un encuentro de trabajo que tendrá lugar a las 11.00 horas de este miércoles, y al que no asistirá el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, por no encontrarse en la ciudad.
La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que estaba prevista para el próximo 18 de julio en Tenerife con el fin de abordar con las comunidades la reforma legal para el reparto de menores migrantes desde zonas tensionadas como Canarias se ha adelantado al próximo miércoles, 10 de julio.
Fuentes del Ministerio han precisado a EFE que la reunión se ha conseguido adelantar debido a la situación en la que se encuentra Canarias, con sus recursos sobrepasados al tutelar en torno a 6.000 menores. EFE
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