Era el 29 de mayo de 2020 cuando se anunciaba la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Ingreso Mínimo Vitaluna herramienta legal para hacer frente a la emergencia social generada por la pandemia y destinada a aquellas familias con menores a cargo que permitía completar los ingresos de las mismas.
Una medida que, como se explicó entonces, se marcaba como objetivos erradicar la pobreza y favorecer la participación en el mercado laboral y la inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad. Y con la estimación de que beneficiaría a 850.000 hogares y a 2,3 millones de personas, de las que un millón se encontraba en pobreza extrema.
Pero pasados cuatro años desde esta aprobación, algunas de las familias beneficiadas por este Ingreso Mínimo Vital se están encontrando con la desagradable sorpresa de que la Seguridad Social les está reclamando la devolución de la misma, tanto en la regularización de ingresos de los ejercicios de 2021 y 2022, como en procesos de devolución por cobro indebido.
“UN DESPROPÓSITO QUE ME RECLAMEN 4.000 EUROS POR UNA AYUDA QUE NO PEDÍ”
Es el caso de Relacionadovecina de santiago de compostela y a quien este pasado mes de enero le llegaba una carta de la Seguridad Social en que reclaman “4.000 euros y pico” al entender que percibió el VMI de forma indebida. Aunque, como nos cuenta ella misma “fue la propia administración del Estado la que me otorgó esa ayuda de oficio, ya que hasta ese momento yo estaba percibiendo otra ayuda por menor a cargo y después de comunicar a la Administración la percepción del subsidio”.
Que es la principal queja de esta compostelana que ha puesto el asunto en manos de un abogado “ya que cuando fui a reclamar a la oficina de la Seguridad Social ni allí sabían decirme de dónde se habían sacado esa cantidad que ahora tengo que devolver” a través de un Ingreso Mínimo Vital “que ni de lejos llegaba a los mil euros mensuales de los que tanto hablaban”, por lo que no duda en calificar todo de “un verdadero despropósito”.
Despropósito que le supone hacer frente a una reclamación de 4.000 euros por supuesto cobro indebido del IMVaunque hay otros casos donde la cantidad reclamada se dispara hasta los 12.000 y 14.000 euros.
Nos lo cuenta la profesora de Derecho en laUniversidad de Barcelona, Pepa Burrié Rodríguez-Diosdado, en referencia a aquellas familias “que sí solicitaron en un principio el Ingreso Mínimo Vital” pero que, tras obtener otros ingresos durante los ejercicios de 2021 y 2022 y comunicar las variaciones a la Administración, ven ahora cómo se les reclama una cantidad mucho mayor “porque no se les revisó, ni se comprobó si debían seguir percibiendo esas cantidades”.
Por lo que la reclamación les llega con el retraso provocado por esta dilación y con una situación económica actual que quizás tenga poco que ver con la de ejercicios anteriores ya que se trata de personas yfamilias en situación de especial vulnerabilidad.
MILES DE FAMILIAS AFECTADAS Y UNA DEUDA QUE SE HEREDA
Aunque no hay datos oficiales actualizados “porque no han sido transparentes”, en una respuesta del Gobierno de España a una pregunta parlamentaria del PÁGINAS el pasado mes de octubre, podrían ser alrededor de 55.000 las personas que estarían en procesos de cobros indebidos y que no sólo se enfrentan a la obligación de hacer frente al pago de las cantidades que se les reclaman, sino que corren el riesgo de cronificar·”una deuda, porque al final es lo que es”, asegura la profesora Burrié ya que “el problema de Pili y de otras muchas personas es que si no paga esta cantidad, va a ir pasando a sus herederos”
Y es que, según esta experta, “en el momento en el que la Administración te lo reclama, la deuda pasa a ser, por así decirlo, pública”. Lo que agrava más, si cabe, los efectos perniciosos de una ley de Ingreso Mínimo Vital que según esta experta, “era una buena idea pero ni la normativa a nivel técnico, ni su ejecución, lo han sido”.
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Lo que ha llevado a que el pasado 12 de junio el movimiento social ATD CUARTO MUNDO ESPAÑA anunciara la presentación de una Reclamación Colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales en contra de esta ley al considerar que vulnera la Carta Social Europea y solicita que se realicen los cambios legislativos necesarios para hacerla adecuada para conseguir unas condiciones de vida dignas, así como una medida de carácter inmediato para suspender los procesos abiertos por cobros indebidos.