Los representantes Chris Smith (RN.J.) y Lloyd Doggett (D-Texas) encabezaron un grupo de 142 miembros de la Cámara de Representantes en una carta a Biden.
“Le instamos, presidente Biden, a priorizar los derechos humanos y presionar al gobierno turco para que cese su campaña de represión transnacional, libere incondicionalmente a los presos políticos y restablezca el estado de derecho”, escribieron los legisladores.
“Su intervención es crucial para defender los valores de la democracia y los derechos humanos en el escenario mundial”.
El gobierno de Biden afirma que plantea sus preocupaciones sobre los derechos humanos allí donde observa violaciones. Los informes nacionales de 2023 del Departamento de Estado sobre prácticas de derechos humanos señalaron que Turquía tenía “problemas importantes de derechos humanos” y que el gobierno “adoptó medidas limitadas para identificar y castigar a algunos funcionarios que pudieran haber cometido abusos de derechos humanos”.
Aun así, la administración Biden ha buscado mantener vínculos estrechos con Ankara, un aliado de la OTAN que controla el principal paso entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, y ha reconocido la tensión que supone que Turquía albergue a más de 3 millones de refugiados sirios a raíz de la guerra de 2011 en ese país.
Los legisladores, en su carta, piden a Biden que ejerza una “intervención urgente para abordar el incumplimiento por parte de Turquía del derecho internacional y sus abusos sistemáticos de los derechos humanos”, y destacan casos específicos de represión transnacional, afirmando que el gobierno turco ha tratado de “silenciar” a críticos como Enes Kanter Freedom, exjugador de la NBA y crítico abierto de Erdoğan.
El gobierno turco ha perseguido a la familia de Freedom en Turquía y ha colocado una notificación roja de Interpol y una recompensa por él y muchos otros, añadieron los legisladores.
Los legisladores también acusan a Turquía de “abusos de Interpol”, incluido el traslado forzoso de más de 100 ciudadanos turcos con acusaciones de participación en el golpe de 2016, “con informes de tortura, negación de derechos legales y confesiones coaccionadas”, escribieron.
“La carta del Relator Especial de la ONU de 2020 condenó la práctica sistemática de secuestros extraterritoriales patrocinados por el Estado y devoluciones forzadas de ciudadanos turcos desde múltiples países. Las víctimas se enfrentan a torturas, presiones y humillaciones antes de ser deportadas, y el gobierno turco no niega ni oculta estas acciones”, subrayan los legisladores.
“Esto subraya aún más la necesidad de una intervención urgente para abordar el incumplimiento por parte de Turquía del derecho internacional y sus abusos sistemáticos de los derechos humanos”.