Todavía estoy analizando el fallo de inmunidad de la Corte Suprema, y si bien es demasiado pronto para una interpretación definitiva (los académicos discutirán sobre ello durante años), no es demasiado pronto para sacar tres conclusiones generales.
En primer lugar, y lo más importante, la Corte Suprema concedió a los presidentes una peligrosa cantidad de discreción. La Corte podría decir que los presidentes no están por encima de la ley, pero en realidad estableció una zona extraordinariamente amplia de inmunidad absoluta para los presidentes (una zona lo suficientemente amplia, como señala la jueza Sonia Sotomayor en un voto disidente, como para proteger potencialmente a los presidentes de ser procesados por sobornos y asesinatos) y una prueba difícil para procesar aquellos actos que no son inmunes.
En la opinión mayoritaria, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribió que el presidente debe gozar de inmunidad ante el procesamiento por un acto oficial a menos que el gobierno pueda demostrar que aplicar una prohibición penal a ese acto no plantearía “peligros de intrusión en la autoridad y funciones del poder ejecutivo”. Se trata de un listón muy alto que hay que superar.
Para entender las posibles consecuencias más peligrosas de esta medida, hay que tener en cuenta que un presidente tiene la extraordinaria autoridad de ordenar el ingreso de tropas a las calles estadounidenses en virtud de la Ley de Insurrección. Una vez desplegadas, esas tropas quedarían bajo el mando de una persona que casi con toda seguridad gozaría de inmunidad absoluta respecto de las órdenes que les impartiera.
En segundo lugar, olvidémonos de la idea de que el fiscal especial Jack Smith pueda juzgar a Donald Trump antes de las elecciones. La Corte Suprema remitió el caso a los tribunales inferiores para que se realicen procedimientos adicionales a fin de determinar si Trump puede ser procesado por alguno de sus actos oficiales durante el complot para anular los resultados de las elecciones.
En tercer lugar, Trump sigue estando en grave peligro legal, pero sólo si pierde las elecciones. Incluso si finalmente se determina que Trump es inmune a todos sus actos oficiales, aún puede ser procesado por actos privados. Durante los argumentos orales, el abogado de Trump admitió que varios de los actos de los que se le acusa penalmente a Trump deben considerarse privados y no relacionados con sus deberes oficiales.
Esto significa que Smith todavía tiene un caso contra Trump, a menos que Trump gane las elecciones. En ese caso, podría usar su poder sobre el Departamento de Justicia para cerrar el caso en su contra, e incluso potencialmente indultarse a sí mismo tanto por el proceso del 6 de enero como por el proceso por documentos clasificados en Florida.
La conclusión es clara: el destino de Trump (y posiblemente incluso el estado de derecho) está enteramente en manos del pueblo estadounidense. Sólo ellos decidirán si puede rendir cuentas.
David French es columnista del New York Times.