Por John Hanna | Associated Press
TOPEKA, Kansas — El tribunal más alto de Kansas reafirmó firmemente el viernes que la constitución del estado protege el acceso al aborto, eliminando la prohibición de un procedimiento común del segundo trimestre y las leyes que regulan a los proveedores de abortos de manera más estricta que a otros proveedores de atención médica.
El par de decisiones por 5 a 1 sugiere que otras restricciones, incluso las que llevan décadas vigentes, podrían no resistir los desafíos legales. El juez disidente de la corte, considerado ampliamente como el más conservador, advirtió que Kansas se encamina hacia “un régimen legal de acceso irrestricto al aborto”.
“Esta es una inmensa victoria para la salud, la seguridad y la dignidad de las personas en Kansas y toda la región del Medio Oeste, donde millones de personas han sido privadas del acceso al aborto”, dijo Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Centro de Derechos Reproductivos, que representó a los proveedores de servicios de aborto que desafiaron las dos leyes.
Las decisiones se tomaron casi dos años después de una votación estatal en agosto de 2022 que afirmó decisivamente el derecho al aborto, la primera votación de este tipo después de la decisión Dobbs de la Corte Suprema de Estados Unidos en junio de 2022 que permitió a los estados prohibir el aborto por completo. Los votantes de Kansas rechazaron un cambio propuesto en la constitución estatal aprobado por la Legislatura controlada por los republicanos para declarar que el documento no otorga ningún derecho al aborto.
La oficina del fiscal general republicano Kris Kobach había argumentado que la votación de 2022 no importaba para determinar si las dos leyes podían mantenerse. Pero la jueza Evelyn Wilson, una de los tres jueces designados para el tribunal de siete miembros después de su histórica decisión de 2019, dijo que si bien podría haber discrepado en ese momento, “la gente habló con sus votos”.
“Los resultados fueron aceptados por la gente, y Kansas le mostró al mundo cómo se hacen las cosas en una democracia exitosa”, escribió Wilson, designado por la gobernadora demócrata Laura Kelly, una firme defensora del derecho al aborto.
Ninguna de las leyes anuladas por el tribunal se había aplicado debido a las demandas presentadas en su contra por los proveedores de servicios de aborto.
Otras demandas en tribunales estatales inferiores cuestionan las restricciones a los abortos con medicamentos, la prohibición de que los médicos utilicen teleconferencias para reunirse con pacientes, las normas sobre lo que los médicos deben decirles a las pacientes antes de un aborto y el requisito de que las pacientes esperen 24 horas después de recibir información sobre un procedimiento para interrumpir sus embarazos.
Las decisiones del viernes se sentirán mucho más allá de Kansas, ya que han atraído a miles de pacientes de estados donde el aborto está prácticamente prohibido, sobre todo Oklahoma y Texas. El Instituto Guttmacher, que apoya el derecho al aborto, proyectó el mes pasado que se realizaron alrededor de 20.000 abortos en Kansas en 2023, es decir, un 152% más que en 2020.
Los opositores al aborto argumentaron antes de la votación de agosto de 2022 que no cambiar la constitución estatal condenaría las restricciones de larga data promulgadas bajo gobernadores republicanos anteriores. Kansas vio una oleada de nuevas restricciones bajo el gobernador republicano Sam Brownback desde 2011 hasta 2018.
“Duele decirles ‘se los dijimos’ a los muchos habitantes de Kansas que fueron engañados por las garantías de la industria del aborto de que seguiría estando ‘fuertemente regulada’ en nuestro estado si los votantes rechazaban la enmienda de 2022”, dijo Danielle Underwood, portavoz de Kansans for Life, el grupo antiabortista más influyente del estado, en un comunicado.
El juez KJ Wall, designado por Kelly, no participó en ninguno de los fallos del viernes, mientras que el juez Caleb Stegall fue el único disidente. Fue designado por Brownback.
En su opinión disidente en el caso de las regulaciones de las clínicas, Stegall dijo que las acciones de la mayoría dañarán la legitimidad de la corte “por muchos años”. Dijo que sus declaraciones sobre la autonomía corporal podrían afectar una “enorme franja” de regulaciones de salud y seguridad fuera del aborto, incluyendo los requisitos de licencia para los barberos.
“Seguramente el gobierno no tiene un interés imperioso en saber quién me corta la barba”, escribió Stegall. “Que comiencen las demandas en este nuevo entorno rico en objetivos. La mayoría ha puesto –quizás sin darse cuenta– a todo el estado administrativo bajo la mira de un escrutinio estricto”.
La jueza Melissa Standridge, también designada por Kelly y autora de la opinión mayoritaria en el caso de las regulaciones de la clínica, calificó los comentarios de Stegall de “inapropiados y denigrantes para las mujeres que enfrentan decisiones entre el parto y el aborto”.
Kansas no prohíbe la mayoría de los abortos hasta la semana 22 del embarazo, pero exige que las menores obtengan el consentimiento por escrito de sus padres o de un tutor. Otros requisitos, como el período de espera de 24 horas y lo que el proveedor debe informar a las pacientes, han quedado en suspenso. Un tribunal inferior está considerando impugnarlos por parte de los proveedores.
Las normas de salud y seguridad dirigidas específicamente a los proveedores de abortos se promulgaron en 2011. Los partidarios afirmaron que protegerían la salud de las mujeres, aunque en ese momento no se presentó ninguna prueba de que esas normas en otros lugares hubieran conducido a mejores resultados de salud. Los proveedores dijeron que el verdadero objetivo era obligarlos a cerrar.
Standridge dijo en la opinión de la mayoría sobre las regulaciones de la clínica que no sólo no había evidencia de que las reglas mejorarían la salud de los pacientes, sino que en algunos casos, “contradicen afirmativamente” esa posición.
Ella escribió que incluso el experto estatal en el caso estuvo de acuerdo en que “la atención del aborto existente es extremadamente segura” y comparable a la atención no cubierta por las regulaciones.
La otra ley que el tribunal anuló habría prohibido un determinado tipo de dilatación y evacuación, también conocida como D&E. Fue la primera prohibición estatal de este tipo cuando se promulgó en 2015.
Según las estadísticas del departamento de salud del estado, en 2022 se realizaron en Kansas alrededor de 600 procedimientos de dilatación y evacuación, lo que representa el 5 % del total de abortos del estado. Alrededor del 88 % de los abortos del estado se produjeron en el primer trimestre. El estado aún no ha publicado las estadísticas de 2023.
La prohibición del procedimiento habría obligado a los proveedores a utilizar métodos alternativos que, según el Centro de Derechos Reproductivos, son más riesgosos para el paciente y más costosos.
El juez Eric Rosen, designado por la ex gobernadora demócrata Kathleen Sebelius, dijo en la opinión de la mayoría sobre la prohibición que la evidencia de tribunales inferiores mostraba que obligaría a los pacientes a someterse a procedimientos alternativos “que rara vez se utilizan, no están probados y a veces son más peligrosos o imposibles”.