SAN JOSÉ — La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Clara anunció que se espera un nuevo avance el martes en el infame caso de asesinato contra tres ex guardias de la cárcel que fueron condenados por la muerte a golpes en 2015 del recluso con enfermedad mental Michael Tyree.
La oficina no especificó qué ocurrirá en una audiencia judicial programada para el martes por la tarde para Jereh Lubrin, Matthew Farris y Rafael Rodríguez, quienes han estado detenidos en el sistema penitenciario estatal desde 2017. Pero el calendario del Tribunal Superior del condado enumera el procedimiento para ellos como una audiencia de disposición, que generalmente implica algún tipo de resolución del caso.
Los tres hombres han estado en un limbo legal desde que un tribunal de apelaciones estatal revocó sus condenas por asesinato en 2022 debido a un cambio legislativo que invalidó una de las teorías que los jurados pudieron considerar para llegar a su veredicto de 2017. El fallo del tribunal fue confirmado por la Corte Suprema de California un año después, dejando a la oficina del fiscal de distrito la decisión de volver a presentar los cargos originales por asesinato, buscar cargos diferentes, llegar a un acuerdo de culpabilidad o desestimar el caso.
La muerte de Tyree fue un acontecimiento histórico en el condado, que dio lugar a una auditoría civil masiva de las cárceles del condado y a un escrutinio permanente de las operaciones de custodia de South Bay. También inspiró el establecimiento de una supervisión civil de las cárceles a cargo del condado, y los enfrentamientos por el acceso del organismo de control a los registros del sheriff, junto con el manejo por parte de la oficina del sheriff de los casos posteriores de maltrato a los reclusos en la cárcel, ayudaron a impulsar un juicio civil por corrupción ante un gran jurado que provocó la jubilación, la renuncia y la expulsión formal del anterior sheriff Laurie Smith.
El 26 de agosto de 2015, Tyree, de 31 años, se encontraba detenido en la cárcel principal del condado en San José mientras esperaba que se desocupara una cama en un centro de tratamiento residencial. Las autoridades afirman que Lubrin, Farris y Rodríguez golpearon a Tyree en su celda y le provocaron graves lesiones, entre ellas traumatismos en el bazo, el intestino delgado, el hígado, la cara, el cráneo y la parte delantera y trasera del cuerpo.
Lubrin, Farris y Rodríguez —que ahora tienen 37, 36 y 35 años respectivamente— fueron declarados culpables de asesinato en segundo grado y sentenciados por el juez David Cena a entre 15 años y cadena perpetua. Un año después, la legislatura estatal aprobó el proyecto de ley SB 1437, que modificó la ley estatal para invalidar el argumento legal conocido como “consecuencias naturales y probables”. Uno de los objetivos del proyecto de ley SB 1437 era aliviar las condenas por asesinato para las personas que tenían papeles secundarios en un delito pero que estaban siendo castigadas de la misma manera que alguien que cometía violencia mortal.
En agosto de 2022, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito, División Tres, anuló las condenas por asesinato de los agentes penitenciarios después de encontrar que a los jurados del juicio se les dijo, de acuerdo con la ley en ese momento, que podían considerar las consecuencias naturales y probables para llegar a su decisión.
Su fallo establecía que la SB 1437 se aplicaba retroactivamente (ya que las condenas estaban siendo apeladas activamente) y que, como no había ningún registro que demostrara si los jurados tuvieron en cuenta la teoría invalidada en sus veredictos, las condenas eran inválidas en sí mismas. El fallo fue apelado ante la Corte Suprema de California, que confirmó la decisión de revocar las condenas y enviar el caso de regreso al condado de Santa Clara.
El fallo del panel del Cuarto Distrito reconoció que todavía se podían conseguir condenas por asesinato contra Lubrin, Farris y Rodríguez bajo una teoría de “malicia implícita”, que sostiene que los agentes sabían que sus acciones tenían consecuencias potencialmente mortales y procedieron de todos modos. Pero eso tendría que discutirse en otro juicio, ya que la malicia implícita debe evaluarse para cada acusado, a diferencia de las consecuencias naturales y probables, que permitían a los jurados asignar la culpa colectivamente.
