El curso terminó con dos advertencias y empieza precisamente con la ejecución de ambas. Isabel Díaz Ayuso retoma la actividad en la Real Casa de Correos esta semana con la tranquilidad que le concede su mayoría absoluta y la duda de cómo evoluciona el caso de fraude fiscal que afecta a su pareja. El PSOE ya ha dejado claro que este asunto podría ser objeto de investigación incluso en el Congreso.
Casualidad o no, Ayuso va a hacer lo mismo con Pedro Sánchez. Con el inicio de curso llega a la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre los supuestos “favores” que el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyeche, pudo haber hecho a Begoña Gómez. La fecha prevista para constitución de esta comisión en el parlamento madrileño es el 25 de octubre. El anuncio se hizo en el contexto de la campaña europea, pero ahora Ayuso y el PP de Madrid tienen la oportunidad de traerse a la cámara regional una cuestión que quedaba hasta ahora en el ámbito nacional.
Con esta iniciativa, bajo el argumento de que es necesario “defender el buen nombre” de un centro financiado en parte por la Comunidad de Madrid, los populares tendrán material para continuar incidiendo en los casos de supuesta corrupción que rodean a Sánchez, más allá de lo que surja en el proceso judicial que lleva el juez Juan Carlos Peinado.
Cataluña
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Junto a esta bala contra Sánchez, la presidenta madrileña guarda más munición con el Gobierno. La segunda, en una estrategia coordinada con Génova, como ella misma adelantó, es el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, aunque este asunto parece que haya quedado ya superado por el debate sobre el concierto o no de Cataluña que los propios socialistas no se ponen de acuerdo en definir y aclarar.
Tras su aprobación en junio, los populares anunciaron el recurso como primer impacto mediático. Ahora que está a punto de finalizar el plazo de tres meses que tenían para presentarlo, llegará la ejecución. Aunque los populares, que claman contra esta ley pero jurídicamente no las tienen todas consigo según han ido deslizando desde el partido, llevan tiempo sembrando dudas sobre la imparcialidad del Tribunal Constitucional en su configuración actual.
La venda se la ponen también fijándose en el exterior. Díaz Ayuso ha sido especialmente combativa con el régimen de Nicolás Maduro desde que se proclamó vencedor de las elecciones, hasta el punto de poner a su partido al servicio de las manifestaciones organizadas por los venezolanos que viven en Madrid. Sus comparaciones entre Venezuela y el Gobierno de España han sido constantes en los últimos meses, no solo tras los comicios, y especialmente gráfica ha sido cuando el Tribunal Supremo carioca legitimó la victoria de Maduro. “Abrid los ojos”, decía a los españoles a través de su cuenta de X, advirtiendo que “controlar todas las instituciones y los poderes del Estado”, algo de lo que permanentemente acusa a Pedro Sánchez, sirve “para que la verdad y la voluntad de los ciudadanos caigan en saco roto”.
Junto a la amnistía, la financiación singular pactada para Cataluña que Ayuso ha calificado de “secesión fiscal” será otra batalla por la que la presidenta madrileña ya ha señalado que “no cejará”. En su formación ya han advertido que Madrid queda ahora prácticamente como única región que aporta a la caja común y no están dispuestos a dejar que el pacto por la singularidad de Cataluña les perjudique. Pero en este asunto Madrid tendrá que hacer equilibrios para defender sus intereses al tiempo que sus declaraciones no solivianten a otros presidentes autonómicos del PP. El nuevo modelo del sistema de financiación lleva estancado más de una década, entre otras cosas, por los criterios divergentes de las comunidades autónomas, y en Génova tendrán que andar con pies de plomo para que el equipo de Sánchez no ponga a sus barones a pelear entre sí.
Acogida de menores inmigrantes
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También este otoño comenzará a tener una nueva vida, si la justicia no lo impide, el polémico centro de acogida de menores de La Cantueña, en Fuenlabrada, que podrá albergar a un centenar de jóvenes. La oposición del PSOE local a este proyecto es utilizado por el Gobierno regional y el PP madrileño como arma política, para defenderse de las decisiones del Ejecutivo central respecto al reparto de menores inmigrantes que desbordan las dotaciones canarias. Ayuso, en línea con Génova, rechaza la modificación de la Ley de Extranjería en los términos que propone Moncloa, pero hasta ahora ha dejado que la pelea por la letra pequeña la lidere la dirección nacional. Eso no impide que en el debate público provoque a la izquierda aseverando que trasladan a las comunidades autónomas la responsabilidad hacia estos menores inmigrantes sin dotarles de medios al tiempo que busca un difícil equilibrio en su mensaje para marcar distancias con Vox sin alejar a sus votantes.
Frentes en Educación
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La presidenta tendrá en Educación y Sanidad algunos de sus principales retos este próximo año, toda vez que los presupuestos no serán un problema, aunque la reforma de la ley ómnibus que modifica la ley del suelo será uno de sus hitos en el parlamento regional y tendrá que decidir también, definitivamente, si finalmente cierra la Línea 7B de Metro de Madrid. El Gobierno de la Comunidad de Madrid tendrá que enfrentarse a los nuevos sistemas técnicos a los que achacó el año pasado todos los fallos en la tramitación de las becas educativas y que prometió que este año no se repetirían. Además, comienza el desmantelamiento del sistema bilingüe tal y como se conocía hasta ahora por sus dudosos resultados e inicia un curso con nuevos contenidos sobre la Constitución y otras cuestiones vinculadas a la actualidad sobre los que la oposición pondrá la lupa. La Asamblea aprobará también a lo largo de este curso la nueva Ley de Universidades aprobada en junio, que plantea un sistema de financiación que genera dudas en la oposición y, sobre todo, sanciones para mantener el orden en los campus que con toda seguridad serán polémicos durante el debate.
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Plan contra la drogas
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En el ámbito sanitario, desde el ejecutivo autonómico todo es susceptible de ser utilizado para contraponer sus políticas a las de la ministra Mónica García. Este otoño, además de seguir con detalle Ayuso pondrá en marcha un plan regional antidrogas para prevenir el consumo de sustancias entre los jóvenes, una iniciativa ligada a la modificación de la Ley sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos vigente desde 2002 con la que quiere delimitar la venta de productos derivados del cannabis en la región.
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