El informe publicado por las Naciones Unidas el martes 17 de septiembre es inequívoco: desde la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela el 28 de julio, las autoridades han intensificado su “acción consciente y deliberada”. […] acciones encaminadas a desmantelar y desmovilizar a la oposición política organizada”, activando “los mecanismos más duros y violentos de su aparato represivo”.
Esta “política de Estado”, afirma el texto de 21 páginas, “condujo a graves violaciones de derechos humanos y crímenes, en lo que constituyó una de las crisis más agudas del país en los últimos años”. Esto incluye la muerte de 25 personas -24 de ellas por disparos- durante las protestas contra la declaración de la victoria de Maduro sobre el candidato opositor Edmundo González.
Más de siete semanas después de los comicios, las autoridades electorales aún no han presentado las actas de votación que podrían confirmar los resultados solicitados por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.
El texto, elaborado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, analiza el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.
‘Delito de persecución’
Esta misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) en 2019. Su propósito original era investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde 2014 y en particular el papel de la Guardia Nacional Bolivariana y su cadena de mando. Sin embargo, la crisis poselectoral la obligó a “redefinir el enfoque de sus investigaciones para dar cuenta del recrudecimiento de graves violaciones y crímenes de derechos humanos durante este período”.
En 2023, “el aparato represivo más duro estaba dormido, pero no desmantelado”, explicó Francisco Cox, uno de los tres miembros de la misión de la ONU. “En vísperas de las elecciones, se reactivó para detenciones selectivas, como la de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel en febrero, que tuvo un impacto muy fuerte en la sociedad civil”, señaló el experto chileno. “Lo que estamos viendo después de las elecciones son, además, detenciones masivas y arbitrarias, incluso de cientos de niños de entre 15 y 17 años, o de personas que simplemente expresaron su desacuerdo con el resultado oficial de las elecciones”.
Las desapariciones forzadas, los golpes con palos o descargas eléctricas, la violencia sexual y el desprecio por el derecho a la defensa se están produciendo en niveles “sin precedentes”. Además, “los esfuerzos de las autoridades por mantener la apariencia de legalidad, que ya eran mínimos en períodos anteriores, han desaparecido casi por completo”. La misión considera que tiene “motivos razonables para creer” que algunas de estas violaciones constituyen “crímenes contra la humanidad, incluido el crimen de persecución”. La brutalidad de la represión es tal, dice el texto, que “sigue generando un clima generalizado de temor entre la población”.
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