Por Kanis Leung y Zen Soo | Associated Press
HONG KONG – Hong Kong dio a conocer el viernes un nuevo proyecto de ley de seguridad nacional que propone hasta cadena perpetua por delitos como traición e insurrección, una medida que profundiza las preocupaciones sobre una mayor erosión de las libertades de la ciudad después de que Beijing impusiera una ley similar hace cuatro años que prácticamente aniquiló disentimiento.
La ley propuesta ampliará el poder del gobierno para erradicar futuros desafíos a su gobierno, apuntando a la insurrección, la interferencia externa y la protección de secretos de estado, entre otros.
Bajo el impulso del líder de Hong Kong, John Lee, para terminar el proceso legislativo “a toda velocidad”, los legisladores comenzarán su debate el viernes en una reunión especialmente organizada para acelerarlo. Se espera que el proyecto de ley se apruebe fácilmente, posiblemente en semanas, en una legislatura repleta de leales a Beijing tras una reforma electoral.
Los críticos han advertido que la legislación hará que el marco legal de Hong Kong sea cada vez más similar al de China continental, y se sumará a una disminución de las libertades civiles que se prometió que permanecerían intactas durante 50 años cuando la ex colonia británica regresó al dominio chino en 1997.
Sin embargo, el gobierno señaló las protestas masivas antigubernamentales que sacudieron la ciudad en 2019 para justificar su necesidad, insistiendo en que solo afectaría a “una minoría extremadamente pequeña” de residentes desleales.
La miniconstitución de Hong Kong, la Ley Básica, exige que la ciudad promulgue una ley de seguridad nacional propia. Pero un intento anterior de aprobar una versión de la ley provocó una protesta callejera masiva que atrajo a medio millón de personas, y la legislación fue archivada.
Es poco probable que se repita una gran manifestación contra el nuevo proyecto de ley bajo el efecto paralizador de la ley de seguridad de 2020. Después de su promulgación para sofocar las protestas de 2019, muchos de los principales activistas prodemocracia de la ciudad fueron arrestados y otros huyeron al extranjero. Se han disuelto decenas de grupos de la sociedad civil y se han cerrado medios de comunicación abiertos como Apple Daily y Stand News.
Durante un período de comentarios públicos de un mes que terminó la semana pasada, el 98,6% de las opiniones recibidas por los funcionarios mostraron su apoyo y sólo el 0,72% se opuso a las propuestas, dijo el gobierno.
El resto contiene puramente preguntas u opiniones que no pueden reflejar la postura de los autores, añadió.
Pero empresarios y periodistas han expresado temor de que una ley con un marco amplio pueda criminalizar su trabajo cotidiano.
