La ILP para regularizar de forma extraordinaria a 500.000 migrantes tendrá que seguir esperando. El plazo para presentar enmiendas acababa este miércoles, pero se amplía hasta el 11 de septiembre. El texto, una Iniciativa Legislativa Popular que contó con el apoyo de más de 600.000 firmas y cuya tramitación se aprobó en abril pasado, lleva meses empantanado.
El texto acumula nueve prórrogas del plazo de enmiendas y no termina de arrancar. Es importante porque, si se opta por la vía de la regularización, el Congreso es el único medio posible. De las nueve veces que España ha aprobado una medida similar, cinco veces de la mano del PP y cuatro del PSOE, todas han pasado por el Hemiciclo.
A pesar de que la propuesta obtuvo en su día un consenso inusual en la Cámara, todos los grupos salvo Vox votaron a favor de su admisión a trámite, partidos como Sumar y Podemos dudan de la viabilidad de la iniciativa y en pleno debate por la política migratoria del Gobierno, han redoblado en los últimos días la presión al PSOE para que avance en su recorrido parlamentario.
Algunos de los migrantes rescatados en Gran Tarajal, Fuerteventura
España no aprueba una regularización extraordinaria de extranjeros sin papeles desde 2005, cuando se concedieron más de 575.000 permisos de trabajo y residencia a lo largo de cuatro meses, la mayoría a migrantes ecuatorianos, marroquíes y rumanos. Desde entonces, a pesar de las llegadas masivas de los últimos años, el proceso se ha detenido.
dia del ILP
La realidad es que la iniciativa corre el riesgo de quedar toda la legislatura guardada en un cajón. Más después del viaje del presidente Pedro Sánchez a Mauritania, Gambia y Senegal, donde apostó por la “migración circular” y tildó de “imprescindible” el retorno a su país de origen de los extranjeros que habían llegado a España de manera irregular.
A pesar de que en su día los populares respaldaron también la tramitación de la ILP, el desencuentro público con el PSOE en política migratoria se ha acrecentado este verano, coincidiendo con el repunte de llegadas a Ceuta y Canarias, hasta el punto de amenazar con ir a los tribunales por la gestión de los menores.
El texto de la ILP que sigue su curso en el Congreso pretende legalizar la situación de aquellos extranjeros que, antes del 1 de noviembre de 2021, residían en territorio español. El número de referencia, estimado, es que podría beneficiar a cerca de 500.000 migrantes, convirtiéndola en la segunda más extensa de la historia.
El Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) de El Hierro, en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, acoge estos días a más de 700 personas que han llegado a la isla en diferentes cayucos
Fuentes del Gobierno apuntan a que España necesitará de 200.000 a 250.000 trabajadores migrantes al año hasta 2050 para sostener el Estado del bienestar, debido al previsible decrecimiento de los cotizantes locales. Por eso, el impulsor de la ILP, Jorge Serrano, defendía en COPE que no es necesaria la “migración circular” de Pedro Sánchez, porque “ya están aquí”.
Una semana más
Jorge Serrano incidía en La Linterna en el “consenso total sobre la necesidad de esta regularización”, pero “cuando salen a los micrófonos, se produce siempre este debate demagógico que hace un enorme daño a las personas migrantes y al país”. La única razón que encuentra para que no esté aprobada la ILP ya es que “están viendo un viento electoral inexistente”.
A falta de que su recorrido parlamentario llegue a buen puerto, esta norma es la primera de la legislatura que ha pasado la difícil barrera de ser votada en el Congreso. Y es que pocas ILP pueden presumir de ello. Desde 1983 hasta 2024, los ciudadanos han presentado hasta 154, pero solo cuatro se han plasmado en mayor o menor medida en el Boletín Oficial del Estado.
