Un juez federal desestimó esta semana dos demandas que alegaban que las prohibiciones de desalojo por COVID-19 impuestas por el condado de Alameda y Oakland violaban los derechos de propiedad de los propietarios.
El martes, la magistrada federal Laurel Beeler dictaminó que las moratorias de desalojo de emergencia ahora vencidas (dos de las más duraderas en todo el estado) no constituían una “toma física” ilegal de la propiedad de los propietarios ni violaban su derecho al debido proceso.
En un fallo anterior, Beeler escribió que los demandantes no habían cumplido “con su carga de demostrar que las ordenanzas eran una respuesta irrazonable a un problema público legítimo”.
Pero dejó la puerta abierta para que los propietarios vuelvan a presentar parte del caso y soliciten una compensación por las pérdidas financieras que puedan haber sufrido debido a las prohibiciones extendidas.
Los propietarios presentaron la demanda en 2022, dos años después del inicio de la pandemia, para poner fin a las moratorias y recuperar los daños. Afirmaron que las prohibiciones, que prohibían la mayoría de los desalojos en todo el condado, habían dejado de ser útiles y estaban arruinando el sustento de muchos propietarios de viviendas familiares en alquiler. Había programas de asistencia para el alquiler estatales y locales disponibles para cubrir el alquiler impago de los inquilinos, pero no todos los propietarios recibieron el pago completo.
Los grupos de propietarios de viviendas de East Bay organizaron manifestaciones y acudieron a reuniones públicas para presionar al condado y a la ciudad para que levantaran las prohibiciones. Un propietario incluso realizó una breve huelga de hambre.
Mientras tanto, los funcionarios locales y los defensores de los inquilinos argumentaron que las protecciones eran necesarias para mantener a los inquilinos de bajos ingresos en sus hogares en medio de la convulsión económica de la pandemia. El condado de Alameda finalmente levantó su moratoria en abril de 2023, y la prohibición de Oakland expiró unos meses después, en julio.
Emily Brough, abogada de los propietarios en uno de los casos, dijo que sus clientes planean presentar una queja enmendada con detalles adicionales para demostrar sus pérdidas financieras y respaldar sus argumentos.
Chris Skinnell, un abogado que representa a otros demandantes en las demandas, dijo que todavía estaban decidiendo cómo proceder. “No hace falta decir que estamos decepcionados con el fallo y creemos que es un error”, dijo en un correo electrónico.
Los casos no eran demandas colectivas. Si los propietarios volvieran a presentar uno o ambos casos y ganaran, no está claro si eso podría convencer a más propietarios de viviendas de alquiler a presentar demandas.
En una declaración, la fiscal de la ciudad de Oakland, Barbara Parker, dijo que su oficina “defenderá enérgicamente” su posición “si los demandantes intentan revivir el reclamo único que el tribunal dijo que podrían intentar plantear nuevamente si pueden proporcionar más detalles”.
Los funcionarios del condado no respondieron a una solicitud de comentarios.
En su fallo, Beeler también desestimó de los casos a dos grupos de propietarios: la Asociación de Apartamentos de California y la Asociación de Proveedores de Vivienda de Estados Unidos, con sede en Oakland. Beeler escribió que los grupos ya no tenían legitimidad para presentar demandas desde que terminaron las moratorias y dictaminó que solo los propietarios individuales podían reclamar daños monetarios.
