Tres claves para entender el nuevo escándalo de la fuga de documentos en la Santa Sede.
1 . ¿Un nuevo vatileaks?
Las editoriales italianas Chiarelettere y Feltrinelli anunciaron la semana pasada la publicación de dos libros sobre supuestas anomalías en las finanzas vaticanas. Son, respectivamente, “Via Crucis” (Gianluigi Nuzzi) y “Avarizia” (Emiliano Fittipaldi). Ambos utilizan documentos filtrados procedentes de la COSEA, la Comisión referente al estudio y organización de las estructuras económico-administrativas de la Santa Sede, que Francisco instituyó el 18 de julio de 2013 para que le informasen sobre el estado de las finanzas vaticanas. En el libro de Nuzzi, además, se anuncia la transcripción de conversaciones reservadas con el Papa, que habrían sido grabadas sin autorización desde un teléfono móvil.
Se trata de un lanzamiento editorial preparado y pensado hasta los últimos detalles, precedido por una serie de noticias que en las pasadas semanas han intentando crear un clima de escándalo en el Vaticano, y que según varios analistas no parecen casuales: falsedades sobre la salud del Papa, supuestas confrontaciones entre personas de la Santa Sede, filtraciones de cartas de cardenales, etc.
“Via Crucis” se publicará el jueves 5 de noviembre en Italia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Suiza, Austria, Alemania, Brasil, Portugal, España y Sudamérica. Los editores han conseguido mantener el contenido de ambos libros en secreto.
El periodista italiano Gianluigi Nuzzi, autor de “Via Crucis”, es conocido por la publicación, en mayo del 2012, de una serie de documentos robados en las habitaciones del Papa Benedicto XVI: “Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI”. En 2009 publicó “Vaticano S.p.A”, también con base en documentos privados sobre supuestos escándalos económicos, en este caso procedentes del archivo del sacerdote Renato Dardozzi. Nuzzi dirige un programa televisivo de Mediaset sobre sucesos y crónica sensacionalista.
Emiliano Fittipaldi (Nápoles, 1974), autor de “Avarizia”, es también periodista de investigación. Actualmente trabaja en el semanario “L’Espresso”. En declaraciones a Repubblica TV, afirma que su libro desea poner de manifiesto la distancia “entre el comportamiento y la predicación de algunas personas de la curia vaticana”.
La Sala de prensa de la Santa Sede manifestó en un comunicado que la publicación de estos libros supone “una operación para obtener beneficios con un acto gravemente ilícito de entrega de documentación reservada”. El comunicado del portavoz vaticano, Federico Lombardi, añade que “publicaciones de este género no ayudan en ningún caso a establecer claridad y verdad, sino que crean confusión e interpretaciones parciales y tendenciosas”. Y subraya que en ningún caso son un camino apropiado “para ayudar a la misión del papa”, como algunos sugieren.
2. Origen de las filtraciones
La Sala de prensa vaticana también hizo público que los principales sospechosos de estas filtraciones son el sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda y la italiana Francesca Chouqui. Tras “las evidencias alcanzadas” ambos fueron interrogados por la Gendarmería vaticana durante el fin de semana, “a propósito de la sustracción y difusión de noticias y documentos reservados”. Estas dos personas eran miembros de la COSEA. Esa comisión propuso, entre otras cosas, la creación de la actual Secretaría para la Economía, que el papa creó en 2014, nombrando al cardenal Pell como máximo responsable.
Mons. Lucio Ángel Vallejo Balda fue arrestado tras su declaración y está en manos de la Oficina del Promotor de Justicia. Desde 2011, es secretario de la Prefectura para Asuntos Económicos. En 2013 Francisco le nombró secretario de la COSEA, hasta que este organismo terminó su trabajo. Antes de llegar al Vaticano era el ecónomo de la diócesis de Astorga (España). Algunos medios de comunicación han señalado su pertenencia a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, asociación de presbíteros vinculada al Opus Dei. La prelatura, en un comunicado, expresa “sorpresa y dolor por estas noticias” dado que “si la acusación se demostrase cierta sería particularmente doloroso por el daño hecho a la Iglesia”. El comunicado explica que el Opus Dei no dispone de más informaciones, pues “la misión de la asociación sacerdotal es el acompañamiento espiritual de sus miembros” y “no tiene el derecho de intervenir en el ministerio pastoral ni en los trabajos que los socios desarrollan en sus diócesis o en la Santa Sede”.
Francesca Chaouqui fue puesta en libertad con cargos por su “colaboración en la investigación”, señala el Vaticano. Su trabajo en la Santa Sede consistía en ser uno de los ocho miembros de la COSEA (2013). Tras terminar sus estudios de Derecho en la Universidad de La Sapienza, dirigió las relaciones públicas de la consultora Ernst&Young en Italia. Con poco más de 30 años llegó a la comisión vaticana para el estudio de las cuentas. Un nombramiento que estuvo cargado de polémicas: informaciones falsas en su cuenta de Twitter sobre una posible leucemia del papa Benedicto XVI, insultos a otros cardenales de la curia o presentarse falsamente como fiel del Opus Dei (la misma prelatura ha tenido que aclarar este aspecto en diversas ocasiones) o haber descubierto sus fotografías personales indecentes. Además, es conocida su amistad con Gianluigi Nuzzi , el autor más identificado con los vatileaks.
3. Posibles consecuencias
El comunicado vaticano recuerda que “divulgar noticias o documentos reservados es un reato previsto por la Ley n. 9 del Estado de la Ciudad del Vaticano (13 de julio de 2013) en su artículo 10”. Ese texto dice que «quien procure ilegalmente o revele noticias o documentos cuya divulgación está prohibida, será sancionado con prisión de seis meses a dos años o con una multa de mil a cinco mil euros. Si esa conducta tiene como objeto documentos o noticias que conciernen los intereses fundamentales o las relaciones diplomáticas de la Santa Sede o del Estado, se aplica la pena de prisión de cuatro a ocho años. Si el delito mencionado en el párrafo anterior se ha cometido culposamente, se aplica la pena de prisión de seis meses a dos años”.
Por lo que se refiere a los libros “Via Crucis” y “Avarizia”, la Santa Sede ha anunciado que está estudiando posibles acciones legales, “recurriendo, si es necesario, a la cooperación internacional”.
