La magistrada de la Sala Penal de la Audiencia Nacional Carolina Rius ha acordado el archivo definitivo del incidente de recusación presentado por Josep Lluís Alay, jefe de la oficina en Bruselas del expresidente catalán Carles Puigdemont, para tratar de apartar al juez Manuel García-Castellón de la instrucción de la causa en la que se investiga a la plataforma Tsunami Democràtic.
En una providencia, la magistrada señala que concurre la causa de inadmisión de la recusación y también el archivo definitivo del incidente interpuesto, por no haberse subsanado el defecto formal apreciado en los escritos de los pasados 12 y 19 de diciembre y haber transcurrido un tiempo superior al fijado para ello la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La jueza había acordado el archivo por no contar con la firma del procurador, requisito imprescindible, según el artículo 57 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que el incidente tenga alguna posibilidad de prosperar. Ese artículo dice textualmente: “La recusación se hará en escrito firmado por letrado, por procurador y por el recusante si supiere firmar y estuviere en el lugar de la causa. El último deberá ratificarse ante el juez o tribunal. Cuando el recusante no estuviese presente, firmarán sólo el letrado y el procurador. En todo caso se expresará en el escrito concreta y claramente la causa de la recusación”.
Alay había seguido la estela del empresario Oriol Soler y del experto en ciberseguridad Oleguer Serra e interpuso un incidente de recusación contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 por haberse pronunciado sobre la amnistía en una universidad. En su caso, la acusación que ejerce Dignidad y Justicia pidió que fuera rechazada y que se impusiera a su abogado, Gonzalo Boye, una multa por mala fe procesal, al entender que el incidente se había presentado a todas luces fuera de plazo. La magistrada no se pronuncia al respecto y se limita a rechazar el incidente por no reunir los requisitos legales para ellos.