La jueza de Instrucción número 49 de Madrid, Josefa Bustos, ha abierto diligencias penales a raíz de una denuncia dirigida por a Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y los mandos policiales responsables de las actuaciones frente a las protestas en la madrileña calle Ferraz , por el uso de gases lacrimógenos contra los manifestantes el pasado 6 de noviembre.
El auto al que ha tenido acceso El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica, tiene fecha del pasado 11 de enero y es un paso previo a la posible admisión a trámite del asunto, si bien antes de adoptar esta decisión, que daría inicio a la investigación en sí, la magistrada ha pedido informe a la Fiscalía.
La juez agrega que, no estando aún determinadas ni la naturaleza ni las circunstancias en las que podrían haberse producido los hechos denunciados, ni tampoco las personas que han intervenido, considera procedente “acordar la incoación de Diligencias Previas y practicar aquellas esenciales” a aclarar dichos extremos. Se trata de identificar a los responsables que ejecutaron las órdenes que dieron lugar a los hechos denunciados.
La asociación considera que lo ocurrido puede constituir delitos de disolución ilegítima de una reunión pacífica, prevaricación, delito de lesiones y delito de tortura y contra la integridad moral. En su denuncia, que recoge Europa Press, afirma que durante las cargas se “utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud de personas que mostraban su desacuerdo con las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno.
Durante la jornada del 6 de noviembre participaron según esta asociación unas 3.800 personas en la protesta, los agentes de la Unidad de Intervención Policial tuvieron que intervenir, lanzando gases lacrimógenos, pelotas de goma y botes de humo, iniciando una carga contra los manifestantes que se extendió por los alrededores de Ferraz.