El PP pone en marcha su plan para potenciar el Senado, donde tiene mayoría absoluta y el control de la Cámara, aumentado la actividad parlamentaria de dos plenos a tres cada mes. Alberto Núñez Feijóo está convencido de que es la vía para exhibir músculo político frente a Pedro Sánchez y, sobre todo, para forzar más debates y arrinconar al Gobierno frente un Congreso dominado por PSOE y Sumar. A pesar de la fuerte inestabilidad que se evidenció en el pleno de la semana pasada con una esquizofrénica negociación para la convalidación de los decretos leyes, los populares saben que en la Cámara Baja tienen muy difícil sacar adelante victorias. Vox, además, ha endurecido mucho el tono contra su rival por la derecha.
El plan de Feijóo siempre fue convertir el Senado en una verdadera Cámara de resistencia contra Sánchez, valiéndose de su mayoría absoluta. En el Senado los populares, con Pedro Rollán en la presidencia y una mayoría en la Mesa, controlan los tiempos y la ordenación de toda la actividad parlamentaria. Con la reciente modificación del reglamento se garantizaron cuestiones clave como ralentizar la tramitación de la ley de amnistía o la obligación del presidente del Gobierno y los ministros a comparecer en los plenos cuando así lo requieran. Aprovechando el arranque del nuevo año y tras la experiencia agónica de la semana pasada para Sánchez, el líder conservador ha dado orden de activar ya el plan.
Añadir una semana más de pleno tendrá consecuencias en los Presupuestos del Senado, que debe ampliar las previsiones de costes en desplazamientos, dietas y personal de la Cámara. El PSOE también se quejó de que la pretensión del PP alterará el funcionamiento habitual, donde siempre se han celebrado dos plenos al mes, teniendo en cuenta que muchos senadores deben cuadrar los nuevos plenos con los autonómicos que se celebran en sus respectivas regiones. También incidirá en la celebración de las comisiones.
Feijóo comunicó la decisión a sus grupos parlamentarios en una reunión previa al pleno que aprobó la tercera reforma de la Constitución en España. Una incursión quirúrgica en el texto constitucional para modificar el artículo 49 y que las personas con discapacidad dejen de llamarse “disminuidos”. Lo hizo reconociendo sin ambages que, a su juicio, la Cámara Alta debe “contrarrestar” la inestabilidad que esta legislatura depara al Congreso después de que el Gobierno “lo haya entregado a las minorías”, convirtiéndolo “en un foro de chantaje”.
El dirigente conservador aseguró a sus filas que el PP “va a proteger las Cortes Generales” y compensará con más actividad en la Cámara Alta, donde tienen mayoría absoluta, el peso que los partidos independentistas tienen en la política nacional. Un discurso que pone en discusión la legitimidad del actual Congreso.
“Vamos a contrarrestar la humillación que se vive en el Congreso, donde las minorías mandan, para que en el Senado los grupos puedan hablar y puedan favorecer las discusiones y puedan comparecer y pedir informes preceptivos que el Congreso omite cuando aprueba proyectos de ley determinantes en la democracia de nuestro país”, llegó a decir el líder de la oposición, reconociendo que la Cámara Alta se convertirá definitivamente en el bastión de su partido frente a Sánchez.
Como ya publicó hace meses este diario, el líder popular comenzó a pedir a su núcleo más cercano en el Senado, sobre todo Javier Arenas (pieza clave para Feijóo, al que ha incorporado incluso a su comité de dirección), además de Pedro Rollán y Javier Maroto, informes y documentos para exprimir al máximo la capacidad del partido en la Cámara que controla. El líder popular tuvo claro desde el jarro de agua fría del 23J que sus dos armas para combatir a Sánchez serían los gobiernos autonómicos y la Cámara Alta.
El plan del Senado tiene varias patas y otra mira al aluvión de comisiones de investigación que el PP planea a lo largo de toda la legislatura contra el Gobierno y las distintas polémicas en las que se ha visto involucrado. Una especie de “asedio” que los senadores socialistas esperan con cierto temor.
El PP pretende potenciar también los debates parlamentarios y el control al Ejecutivo a través del Senado que, a su juicio, se están perdiendo por el abuso de la figura del real decreto ley y por la argucia de utilizar a sus grupos parlamentarios para registrar propuestas del Gobierno y evitar todos los pronunciamientos e informes preceptivos de órganos consultivos que serían necesarios en caso de que se trataran de proyectos de ley. Es el caso claro de la ley de amnistía.