Técnicos de Interior y de Justicia trabajan en un equipo mixto interministerial diseñando fórmulas para una modificación del Código Penal con la que castigar las labores logísticas del narcotráfico. El grupo se centra principalmente en dos conductas ante las que actualmente la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen dificultades para actuar: la tenencia de lanchas fueraborda semirrígidas de gran potencia, como las que usan los traficantes del Estrecho para traer hachís desde Marruecos, y el suministro de combustible para esas embarcaciones en alta mar, la labor de los que el argot narco llama “petaqueros”.
El equipo retoma labores que se iniciaron en la pasada legislatura, explican fuentes gubernamentales. Desde octubre de 2018, un decreto prohíbe comprar, poseer y manejar embarcaciones neumáticas de alta velocidad. Eso hace posible su decomiso, incluso aunque no lleven droga a bordo -y con esa finalidad de lucha antinarco se emitió la norma-, pero una situación como la que se dio en el puerto de Barbate el pasado 9 de febrero, de lanchas amarradas en aguas españolas a las que intenó identificar la Guardia Civil, se considera legalmente una infracción administrativa.
En parecidas circunstancias, las Fuerzas de Seguridad solo pueden actuar contra los petaqueros como colaboradores en un delito contra la salud pública o de una organización criminal, cuando el transporte de gasolina se lleva a cabo como parte de una operación de tráfico de droga o a un almacén de la banda.
Por castigar penalmente la logística del narco claman los mandos del despliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el Estrecho. Pero no solo los funcionarios policiales, también la Fiscalía Antidroga de Cádiz, que desde el verano de 2022, proliferando los petaqueros por toda la costa, pidió públicamente cambios legales que permitan una mejor lucha contra estas conductas.
La innovación legislativa tiene dificultades políticas: implica la modificación de una ley orgánica, como es la del Código Penal, y en el ministerio que rige Félix Bolaños le ven riesgos a su trámite parlamentario con la actual composición del Congreso.
Cita en Cádiz
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El refuerzo en la persecución de las estructuras de apoyo logístico del narcotráfico ha sido precisamente el principal tema de la reunión de evaluación que este martes ha mantenido el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, con los principales mandos de la lucha antidroga en el Campo de Gibraltar, jueces y fiscales en la Mesa de Coordinación Operativa.
Esa mesa ha decidido incrementar la persecución de las redes que prestan servicios al narco. Nuevas investigaciones se van a extender por la provincia de Cádiz, y también por las de Huelva, Málaga, Almería, Sevilla y Granada.
Rafael Pérez ha viajado a Cádiz cumplidos ya tres meses de la aplicación del IV Plan Especial de Seguridad para la zona. Pero la reunión, que tiene ese marco oficial de calendario, tiene otra referencia temporal: también se van a cumplir dos meses del asesinato de dos guardias civiles a manos de los tripulantes de una narcolancha en aguas del puerto de Barbate.
Esta mesa de evaluación ordinariamente habría sido presidida por el delegado del Gobierno en Andalucía o el subdelegado en Cádiz. La presencia del número 2 de Interior se explica también en el todavía reciente impacto sobre las fuerzas de la zona por la muerte de otros dos guardias (y cuatro civiles) arrollados por un camión en un control antidroga de carretera el pasado 19 de marzo.
Ha llegado el secretario de Estado al Campo de Gibraltar precisamente después de una noche de operaciones policiales, en la que la Guardia Civil ha interceptado en las localidades gaditanas de Conil y Chiclana dos furgones cargados con más de 4.000 litros de combustible en garrafas. Son las típicas cargas de los petaqueros, o gasolineros, con que abastecen por suculentos pagos a las narcolanchas apostadas en alta mar.
Violencia en el mar
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La Semana Santa se ha visto también marcada por los avistamientos de cuatro, cinco, hasta once lanchas rápidas ancladas en aguas en las que sus pilotos pueden eludir la acción de la Guardia Civil. La acción de los narcos sigue con similar nivel de actividad, si bien las incautaciones y el hostigamiento de las Fuerzas de Seguridad al trasiego de embarcaciones ha aumentado: Interior cuenta entre enero y febrero pasados -últimas cifras disponibles- 1.712 operaciones antinarco, 104 de ellas por blanqueo. En esas operaciones han sido incautados 27.347 kilos de droga y se han practicado 989 detenciones.
El jueves santo, once narcolanchas abaorladas fueron detectadas en aguas frente a Manilva, en tramos ya de la Costa del Sol. Fue uno de los momentos más tensos desde el trágico suceso de Barbate: cuando una patrullera de la Guardia Civil inició la captura de la lancha más lenta, varias de las otras embistieron a la embarcación policial.
La voz de José Manuel Fernández, alcalde de Manilva por el PP, quejándose de falta de medios para la Guardia Civil se unió a las de otros alcaldes populares, como José Ignacio Landaluce, el de Algeciras, o Miguel Molina, primer edil de Barbate, que han embestido al Ministerio del Interior y al Gobierno central con la misma acusación que el PP ha repetido en el Congreso, en el Senado y en cuantos foros ha podido.
Interior ha difundido cifras del balance de este IV Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar: 40,1 millones de euros invertidos entre 2018 y 2023 en medios materiales de apoyo a las investigaciones y 25.356 guardias civiles y policías desplegados, tras un refuerzo medio mensual de 1.181 agentes. Este despliegue sigue incautando en su mayoría lotes de hachís: 18.386 kilos aprehendidos son de esa droga, 6.048 son de cocaína y 2.914 de marihuana y pastillas.
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La inversión, según ha difundido Interior, se ha traducido en el despliegue en la zona de 17 embarcaciones -cinco de ellas patrulleras de altura-, 492 vehículos todoterreno, berlinas y furgonetas; 68 motos; 186 balizas de seguimiento y localización marítima y otros 302 terrestres; y 129 equipos de videovigilancia.