Marwa sabe que nadie en su lugar podría haber soportado lo que ella tuvo que vivir. “Intenté escapar pero me capturaron, tenía dos opciones: casarme o ser trasladada a una prisión subterránea”, recuerda esta mujer siria sobre el tiempo que pasó en las ‘madafas’ de Estado Islámico, es decir, las casas de huéspedes para mujeres del grupo terrorista. “No podíamos salir de allí ni ver a nadie de fuera”, rememora ahora desde un centro de detención en el noreste de Siria. Su historia es la de miles de mujeres que cayeron en las redes del tráfico de Estado Islámico durante el califato. Ahora, muchas de ellas, decenas de miles, siguen atrapadas en insalubres e inhumanos centros de detención bajo el control de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES, por sus siglas en inglés) y sus milicias asociadas, apoyados por Estados Unidos, según denuncia Amnistía Internacional.
“Las víctimas de tráfico, como esta mujer, tienen algunos derechos: no ser condenadas por los actos cometidos durante su tiempo bajo coacción y la obligación por parte de sus gobiernos de repatriarlas”, señala Lauren Aarons, asesora principal sobre género, conflictos y justicia internacional de Amnistía Internacional. Pero en el infierno de estos infames centros no hay lugar para el derecho internacional. Más de 56.000 personas son víctimas de esta ausencia al seguir encerradas por sexto año consecutivo en 27 centros de detención y dos campos a cielo abierto, Al Roj y Al Hol, gestionados por la AANES. Así lo recoge Amnistía Internacional en su informe ‘Las consecuencias: injusticia, tortura y muerte bajo custodia en el noreste de Siria’ realizado a través de tres visitas a estas instalaciones, “bastante excepcionales”, y más de 300 entrevistas con prisioneros, exprisioneros y funcionarios.
Niños separados de sus madres
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Amnistía Internacional denuncia que más de la mitad de las personas retenidas en este sistema son niños. “Estos 30.000 menores presos suponen la mayor concentración de niños privados de libertad en cualquier parte del mundo”, subraya Nicolette Waldman, asesora principal de crisis de la organización con sede en Londres. Muchos de ellos llegaron como menores a los centros de detención y han entrado a la edad adulta desde una celda. “En los campos de detención, dónde el 94% de prisioneros son mujeres y niños, hay una política de separar a los hijos extranjeros una vez cumplen 11 o 12 años de sus madres y llevarlos a los centros con otros hombres adultos”, añade Waldman. Esta separación es el principio de una vida repleta de ellas que obstaculiza la posibilidad de repatriación para estos niños.
Para algunos de ellos, sus propios gobiernos son, de alguna forma, responsables de su permanencia en el infierno. “Estados Unidos no sólo participó en el establecimiento de estos centros de detención administrado por las autoridades autónomas, sino que tiene un papel clave en el apoyo y mantenimiento de este sistema”, insiste Waldman. “Más allá de los millones de dólares que dan a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), los funcionarios estadounidenses sobre el terreno realizan visitas frecuentes a las instalaciones”, añade. De esta forma, Washington viola la ley internacional al transferir a los detenidos a los centros tras haberles interrogados, ya que allí pueden ser sujetos a tortura o, incluso, a la muerte.
Responsabilidad occidental
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Desde la organización de derechos humanos, denuncian las trágicas condiciones en las que estas personas llevan seis años viviendo. Muertes en masa, confesiones forzadas por la tortura, palizas severas, violencia de género, descargas eléctricas, y un trágico etcétera. “En los campos de Al Hol y Al Roj, la detención de personas dentro de ellos va en contra del derecho internacional porque la gente no puede salir y llevan encerrados ahí desde el 2019 en condiciones inhumanas y que ponen en peligro sus vidas”, apunta Waldman. No todos los 56.000 detenidos en campos y centros han pasado por un juicio, y aquellos que sí lo han hecho no contaban con las garantías de un procedimiento justo.
“Hemos documentado toda una serie de preocupaciones al respecto del sistema jurídico de la región autónoma del noreste de Siria”, explica Aarons. En los últimos seis años, unas 9.600 personas han sido procesadas a través de los tribunales de defensa del pueblo. “Nadie tiene acceso a abogados, se da una práctica muy sistemática de torturas y malos tratos para forzar la confesión, las víctimas de Estado Islámico están siendo juzgadas por cargos antiterroristas muy vagos”, señala la asesora sobre género, conflictos y justicia internacional de Amnistía. La caótica situación que se produjo en marzo de 2019 tras la derrota del califato islámico en Baguz ha hecho que estos centros acojan a miles de personas vinculadas al grupo, pero también a otras que simplemente residían en la región bajo su control.
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El apoyo de Washington a las FDS, integradas por milicianos árabes y kurdos, no terminó con la derrota del grupo yihadista. A día de hoy, EEUU continúa monitoreando cualquier asunto relacionado con los presos de Estado Islámico. Waldman explica que, al compartir los resultados de su informe con las fuerzas estadounidenses sobre el terreno, estas les respondieron que “hacían lo que podían”. “No sólo no lo están haciendo, sino que no están cumpliendo con sus obligaciones bajo el derecho internacional y apoyan un sistema de violaciones contra decenas de miles de personas”, subraya la representante de Amnistía, que también señala la colaboración de Reino Unido, Francia y las autoridades iraquíes en el asunto.