Una jueza de Madrid ha decidido archivar las diligencias abiertas contra del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y varios mandos policiales por las cargas y el uso de gases lacrimógenos en las protestas de noviembre contra la ley de amnistía frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, han informado a Efe fuentes jurídicas.
La jueza de instrucción número 49 de Madrid, Cristina Díaz, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, con lo que da carpetazo a la denuncia presentada por la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces, que sostenía que tanto Martín como los mandos policiales “ejecutaron las órdenes dictadas para reprimir las protestas convocadas”.
La responsable del juzgado asume el planteamiento del Ministerio Público, que argumentó que no había un delito de prevaricación administrativa ni se había aportado en la denuncia ninguna orden del delegado del Gobierno ni un parte de lesiones de nadie que participara en la protesta.
Se trataba, a juicio de la Fiscalía que ahora avala el juzgado, de una solicitud de apertura de una investigación judicial de carácter claramente prospectivo.
Los denunciantes planteaban que la actuación policial de la noche del 6 de noviembre en la calle Ferraz, en Madrid, frente a la sede del PSOE, fue “desproporcionada”. La jueza Josefa Bustos decidió abrir diligencias y pedir informe a la Fiscalía; ahora, en el mismo juzgado y atendiendo al criterio del fiscal, otra jueza archiva el procedimiento.
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La asociación denunciante está detrás de acciones judiciales como el intento de retirar el nombre de una calle de Madrid al presidente del Gobierno de la República Francisco Largo Caballero y ha combatido la prohibición de concentraciones ante la inhumación del dictador Francisco Franco.