24/12/2022 a las 15:16

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A instancias del PP, el tribunal de garantías accedió el lunes 19 de diciembre a suspender cautelarmente la tramitación de las medidas con las que el Gobierno pretendía desbloquear la renovación del órgano

La vida política se ha visto perturbada en las dos últimas semanas por una insólita decisión del Tribunal Constitucional, que por primera vez ha frenado en tiempo real una tramitación legislativa, generando un choque institucional también sin precedentes y que va más allá del frenético debate partidario.

A instancias del PP, el tribunal de garantías accedió el lunes 19 de diciembre a suspender cautelarmente la tramitación de las medidas con las que el Gobierno pretendía desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional.

Las cautelarísimas planteadas por los populares fueron aceptadas por un tribunal que, de haber prosperado la reforma, podría haber relevado a su presidente y a otro magistrado, razón por la cual fue planteada la recusación de ambos, aunque sin éxito.

La división del Constitucional en dos bloques, uno conservador mayoritario y otro progresista en minoría, ha puesto al tribunal de garantías en el punto de mira, en un contexto ya muy caldeado por el papel del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovación lleva cuatro años paralizada por falta de acuerdo entre PSOE y PP.

Aunque el requerimiento del PP iba destinado a frenar el trámite del Congreso, al final el disparo alcanzó al Senado, ya que al demorar su decisión el TC se pronunció cuando la Cámara Baja ya había votado y la Alta se preparaba para hacerlo en segunda vuelta.

El Gobierno ve detrás la mano del PP intentando preservar a toda costa la mayoría conservadora en el Constitucional, pero los de Alberto Núñez Feijóo recriminan al Ejecutivo que intente asaltar la independencia del Poder Judicial.

Este es el relato cronológico de las dos frenéticas semanas de enfrentamiento institucional:

– 8 de diciembre:

El PSOE se dispone aprovechar la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición para facilitar vía enmiendas el desbloqueo en la renovación del Tribunal Constitucional.

– 9 de diciembre:

El PSOE y Unidas Podemos incorporan a la reforma de la sedición dos enmiendas encaminadas a sortear el bloqueo en el TC. Se trata de castigar penalmente a los vocales del CGPJ que incumplan la ley al no elegir a los magistrados que les corresponden y de rebajar la mayoría exigida para su elección.

El PP y Vox anuncian sendos recursos al Constitucional mientras Cs pide que las enmiendas no sean admitidas por inconstitucionales.

Vox y Ciudadanos presionan al PP para que Alberto Núñez Feijóo se sume a la moción de censura contra Pedro Sánchez anunciada por el líder de Vox, Santiago Abascal. Feijóo lo descarta y prefiere la vía judicial para reaccionar al paso dado por el Gobierno.

– 13 de diciembre:

La Comisión de Justicia del Congreso aprueba la reforma que elimina el delito de sedición y rebaja a 4 años la pena máxima por malversación cuando no haya ánimo de lucro e incorpora los cambios en el sistema de mayorías del CGPJ para elegir a miembros del Tribunal Constitucional. La proposición de ley modificada se votará el jueves por el pleno.

– 14 de diciembre:

El PP presenta un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y pide frenar con medidas cautelarísimas los cambios que el Congreso va a aprobar dos días después. Argumenta que las enmiendas no son constitucionales, pretenden «controlar» el TC y atentan contra su independencia.

El presidente del TC, Pedro González-Trevijano, convoca un pleno extraordinario para decidir si admite el recurso y adopta las medidas antes de la sesión plenaria del día siguiente. Nunca antes ha paralizado un proceso legislativo.

– 15 de diciembre:

El PSOE solicita al tribunal que rechace el requerimiento del PP porque «impediría que los diputados ejercieran legítimamente sus funciones como representantes de los ciudadanos».

Vox también reclama al TC que evite la tramitación de toda la reforma en su conjunto.

Se retrasa el pleno del tribunal encargado de estudiar las cautelarísimas para estudiar antes las recusaciones de su propio presidente y del magistrado Antonio Narváez, ambos con el mandato caducado- a petición de Unidas Podemos.

Con el Congreso reunido y la reforma incorporada en el orden del día de la sesión del jueves, el Constitucional comienza a deliberar entre una enorme expectación y abundantes declaraciones políticas cruzadas en muchos casos interpretadas como presiones al tribunal.

El pleno del TC aplaza al lunes su decisión para resolver antes las recusaciones, lo que en la práctica da vía libre al Congreso para aprobar las enmiendas que esa misma tarde se incorporan al texto de la reforma penal, ya lista para su envío al Senado.

Eso sí, el debate parlamentario acrecienta la polémica y en un pleno extremadamente tenso se suceden las acusaciones de golpismo. PP y Cs no votan en señal de protesta. La proposición se aprueba con 184 votos a favor de los grupos del Gobierno y sus socios y 64 en contra.

– 16 de diciembre:

La tormenta política no escampa mientras el Senado diseña el calendario ultrarrápido para dejar lista la reforma en una semana.

El Gobierno, que confía en que el Constitucional no pare la tramitación, pide en vano al PP que retire su recurso.

– 19 de diciembre:

Se reúne el pleno del TC para adoptar una decisión definitiva. Primero rechaza apartar a su presidente y al magistrado Narváez, y tras doce horas de deliberación acuerda aceptar la medida cautelarísima y frena la tramitación de la reforma en el Senado. La decisión, sin precedentes, sale adelante gracias a los seis votos del bloque conservador frente a cinco de los progresistas.

Se suceden las reacciones políticas por su decisión, aplaudida como un «triunfo del Estado de Derecho» por el PP pero muy criticada desde Gobierno y fuerzas de izquierda, que inciden en su gravedad.

Muy avanzada la noche, comparecen por separado los presidentes del Congreso y el Senado, Meritxell Batet y Ander Gil, para anunciar que acatan la decisión y que recurrirán la medida, expresando gran preocupación; el Gobierno también garantiza el acatamiento por boca del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

– 20 de diciembre:

Arranca en el Senado la tramitación exprés de la reforma. La Mesa se reúne antes de que comience la Comisión de Justicia para analizar el escrito del Constitucional y suspende las modificaciones que el Congreso había incorporado suspendidas por el Tribunal.

En una jornada de frenética actividad, la comisión aprueba el resto de la reforma penal para su debate plenario el jueves.

Entre tanto, el Congreso anuncia su personación ante el TC para presentar alegaciones, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia «cuantas medidas sean precisas» para acabar con el bloqueo judicial; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le exige consensuar la reforma del Código Penal o convocar ya elecciones.

Además, el Gobierno busca una fórmula alternativa para sortear el veto del Constitucional mediante una proposición de ley en el Congreso que los socialistas quieren tramitarla cuanto antes, pero sus socios rebajan la urgencia a la espera de conocer los autos del TC con los argumentos de sus decisiones.

– 21 de diciembre:

Pedro Sánchez comparece por la mañana en la sesión de control del Congreso, donde acusa al PP de haber ido «demasiado lejos» en el incumplimiento de la Constitución, y por la tarde en el Senado, en un cara a cara a Feijóo donde le reprocha que su única aportación como líder del PP haya sido «enmudecer» a las Cortes. Le garantiza que el Parlamento hablará «alto y claro».

Feijóo le replica que deje de «tomar el pelo» a los españoles en un debate salpicado de acusaciones mutuas en el que emplaza al presidente a volver al «constitucionalismo». La sesión confirma el absoluto distanciamiento entre las dos principales fuerzas políticas.

Entre tanto, el pleno del Constitucional vuelve a reunirse para estudiar un recurso del Senado que pedía levantar la suspensión cautelarísima de las enmiendas. El tribunal de garantías decide, por la misma mayoría de seis a cinco, no hacerlo.

– 22 de diciembre:

Dos semanas después de que el Gobierno iniciara su maniobra legislativa para renovar el TC, el pleno del Senado aprueba la proposición de ley que inicialmente contenía las medidas pertinentes, debidamente excluidas por orden del Tribunal Constitucional.

Se espera el registro de la proposición de ley que posibilitaría recuperar esas reformas pendiente de conocer los autos de suspensión del Constitucional, mientras diputados y senadores comienzan las vacaciones parlamentarias de invierno.

También queda pendiente, para mucho más adelante, una decisión definitiva del TC sobre el fondo del asunto.



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