Yolanda Díaz se desmarca de la ofensiva abierta por Pedro Sánchez contra la “galaxia digital de ultraderecha” y los “pseudomedios“. El debate impulsado por el presidente y las iniciativas que se derivan de él sobre la desinformación han incomodado al socio minoritario de coalición, que enfría las tesis del líder socialista y rechaza una posible “legislación en caliente” sobre los medios de comunicación.
En Sumar apelan a la “prudencia” a la hora de abordar un asunto tan “sensible” como son los límites de la libertad de expresión. “Es un tema muy complicado que no se puede abordar a la ligera“, apunta un cargo público de la coalición de izquierdas. A día de hoy, la plataforma de Díaz todavía estudia cómo puede abordarse este asunto, aunque avanzan que cualquier iniciativa debe ser fruto de un “debate” y no puede zanjarse con una regulación exprés. Apuntan además a que toda medida relativa a los medios de comunicación “requiere ese debate en los propios medios y en el sector periodístico”, según otro miembro de la dirección de Sumar.
La propia vicepresidenta segunda del Gobierno insistió esta semana a la complejidad de ese debate, poniendo cautela al discurso lanzado por Sánchez, más dirigido a impulsar cambios en este sentido: “La libertad de expresión es un derecho fundamental y además que es clave en las democracias, pero también el derecho a una información veraz”, advirtió Díaz en una entrevista en Radiocable.
“Desviar la atención”
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En los últimos días Sánchez ha centrado gran parte de su discurso en los medios de comunicación tras denunciar por carta la hostigación a raíz del caso de su mujer, Begoña Gómez, y sus vínculos con empresarios beneficiados después por el Gobierno. En las entrevistas, el presidente ha puesto el foco en la financiación a estos “digitales” que “esparcen bulos” y los ha presentado como un peligro para la democracia, llegando a apuntar a que están financiados por gobiernos autonómicos de PP y Vox y por “determinadas empresas”, señalando también a sus inversores publicitarios.
Pero en las filas de Yolanda Díaz no comparten en absoluto el diagnóstico de Sánchez sobre la democracia y los medios. “Colocar el foco ahí es desviar la atención de lo realmente grave”, apuntan desde Sumar, donde consideran que “el problema principal que tenemos a nivel democrático no es la prensa”. Aunque admiten que hay opciones como “dar más transparencia” a la financiación de los medios o “explicitar las subvenciones públicas”, a su juicio no se trata de un debate urgente, y apuntan a que lo “prioritario”, por encima de los medios, es la renovación del CGPJ.
El socio minoritario del Gobierno presiona estos días al PSOE para modificar el sistema de elección del CGPJ, que lleva cinco años caducados, y permitir su renovación sin los votos del Partido Popular, además de otras reformas en materia de justicia, como quitar competencias a la cúpula judicial para dárselas a otros órganos del estado, en caso de estar en funciones, o la reforma del acceso a la carrera judicial.
Consideran que las informaciones sobre Begoña Gómez “habrían tenido mucho menos impacto si no hubiera sido porque se abrieron diligencias en base a ellas”, después de la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, que limitó su denuncia a las informaciones de prensa, de las que admitió desconocer su veracidad. Apuntan a una suerte de fenómeno por el que un poder judicial viciado “retroalimenta” a ciertos medios de comunicación. “No se puede reducir el problema a la desinformación“, insisten en Sumar.
“Legislar en caliente”
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La posición de Sumar también difiere de la de los partidos aliados. Izquierda Unida, el principal partido a nivel estatal integrado en la coalición de izquierdas, ha propuesto la regulación de la información, mediante una “ley por una información veraz, contra la manipulación y los bulos”, advirtiendo de que “ningún político y ningún periodista puede estar por encima de la ley vertiendo mentiras con objetivos políticos sin consecuencias”, según pidió el partido en un comunicado.
La propuesta va en línea con Podemos, que ha pedido abiertamente una “ley de medios” para “acabar” con ciertos medios de comunicación: “No se puede seguir permitiendo que panfletos o pseudomedios extiendan bulos sobre responsables políticos”, advirtió la secretaria general morada, Ione Belarra, la semana pasada.
Más Madrid, también aliado de Sumar, ha lanzado otra propuesta relativa a los medios de comunicación, y ha pedido crear en la Comunidad de Madrid una ley de publicidad para regular los criterios objetivos por los que se reparte la publicidad institucional por parte de las administraciones públicas a determinadas opciones en detrimento de otras.
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Esta última opción es la que despierta más simpatía en Sumar, donde consideran que la iniciativa es viable para “vigilar” ese reparto también a nivel estatal: “Es algo que puede hacerse, pero con prudencia y lentamente”, apuntan desde las filas de Díaz, donde en cualquier caso frenan cualquier propuesta exprés: “La legislación no puede hacerse en caliente“.